La Justicia prohibió la desocupación de las tierras de los Etchevehere

El juez afirmó que se trata de un conflicto familiar, no penal.
viernes, 23 de octubre de 2020 · 13:26

La Justicia entrerriana desarticuló las pretensiones de desalojo que la familia Etchevehere quería llevar a cabo este viernes a los ocupantes, liderados por Juan Grabois, que tomaron sus tierras ubicadas en la localidad de Santa Elena.

Mientras gran parte de la familia afirma que las tierras les pertenecen por herencia de Luis Félix Etchevehere - fallecido propietario – una de las hermanas, Dolores Etchevehere, insiste en que son suyas, y que también le pertenecen por herencia.

El juez Raúl Flores, deberá determinar cuál – o cuáles - de los hijos es el verdadero propietario del campo; mientras tanto, las familias que se van asentando en el predio son - según el dirigente Juan Grabois - parte de un proyecto de “agroecología”.

La familia afirmó que Dolores cedió la parte que le correspondía a la firma Mirus S.A en 2018, por lo que no tiene ningún tipo de propiedad en el lugar. La hermana del exministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, insiste en que su firma fue falsificada.

“Acabamos de recibir el fallo. Es rarísimo. El juez dictamina que no va a decidir el desalojo basado en su formación de derecho de familia, ya que no tiene conocimiento en derecho penal”, declaró Luis Etchevehere

“Nuestro abogado apelará la medida, que irá, seguramente, a la Cámara de Paraná. No es una discusión familiar, sino un delito penal de un grupo de 40 personas que usurparon un bien”, aseguró. “De acá no nos vamos a ir”, concluyó.

El campo, ubicado en la zona noreste de la provincia de Entre Ríos, fue tomado el jueves de la semana pasada por un grupo de personas adscritas al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), liderado por Juan Grabois, quien además es abogado de Dolores Etchevehere.

Vecinos y colegas de la familia se han acercado al lugar, por lo que la localidad de Santa Elena ha dispuesto un operativo policial con el fin de evitar posibles enfrentamientos entre los ocupantes y quienes les acusan de “usurpar la propiedad privada”.

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