Decreto de Milei
Fuerte rechazo del Colegio de abogados de Neuquén al DNU de Javier Milei
Señalan que existe incompatibilidad con la Constitución Nacional y los estándares fijados por la Corte Suprema de Justicia en su doctrina. Acusan al presidente de “evitar la división de poderes y las bases jurídicas de la República”.
El Colegios de Abogados y Procuradores de Neuquén emitió un comunicado en el cual expresaron su rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por el Poder Ejecutivo Nacional por considerar que “existe incompatibilidad con la Constitución Nacional y con los estándares fijados por la Corte Suprema de la Justicia en su extensa doctrina”.
Según entiende el Colegio Profesional, el DNU 70/2023, dictado por el presidente Javier Milei, “recurrió a una excepcionalidad para evitar la división de poderes del Estado y las bases jurídicas de la República”. Aunque reconocen que existen cuestiones que se deben solucionar, sostienen que los temas que busca corregir la norma “no están autorizados por la vía del art. 99 inciso 3 de la Constitución Nacional”.
El documento de los profesionales neuquinos afirma que ningún propósito puede sacudir el debate democrático, “aún en nuestro alicaído país”, expresa y remarca que la atribución constitucional de los decretos de necesidad y urgencia "no deben forzar al Poder Legislativo, al Judicial y a la sociedad toda, a un debate confrontativo”.
El DNU se publicó en el boletín Oficial Nacional el jueves 21 de diciembre y entró en vigencia desde las 00:00 horas de este viernes 29 y contempla el fin de la Ley de Alquileres, de Tierras y de Abastecimiento, flexibilización del mercado laboral y supone el paso previo a la privatización de empresas públicas, entre varias reformas plasmadas en sus más de 360 artículos.
Al mediodía del último día hábil de 2023, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó analizar la constitucionalidad o no del cuestionado decreto, pero advirtió que lo hará “al regreso de la feria judicial de verano", es decir, en el mes de febrero. En el pedido realizado por el gobierno de la provincia de La Rioja para que el máximo tribunal de Argentina declare inconstitucional la Norma, le solicitaron, además, “no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la causa”.
