Venta ilegal de tierras en Bariloche: La Justicia identifica involucrados en la maniobra

Imagen ilustrativa. 

La causa está en período de “producción de prueba” y se inició hace casi 2 años por una presentación de la procuradora general, Liliana Piccinini, a raíz de una denuncia de la defensora del Pueblo.

La investigación que se inició en mayo de 2008 pretende establecer la conexión de diversas personas en la cadena de una supuesta asociación ilícita por la cual se obtenía información de terrenos con años de deuda o propietarios foráneos y luego ingresaban al mercado, obteniendo compradores de mala fe.

El juez Martín Lozada lleva adelante la investigación bajo el expediente Nº 210 que por el momento se caratula como “delito contra la fe pública” aunque no se descarta que derive en otra tipificación de delitos.

Lozada explicó ante la consulta de ADN y otros medios que se trata de una “causa compleja porque el objeto investigado no es un acto concreto sino una concatenación de actos, todos ellos dirigidos al mismo fin que era hacer ingresar al mercado inmobiliario lotes que son propiedad de privados o empresas”.

La compleja maniobra que aún se investiga tendría un modus operandi común debido a que los terrenos que ingresaban al mercado inmobiliario y se vendían a un precio inferior, serían lotes con deudas por tasas e impuestos desde hacía varios años.

El juez confirmó que se intenta “determinar la maniobra” con la que procedía el grupo e identificar a cada uno de los integrantes de la cadena en esta operación, de los cuáles confirmó que algunos ya están identificados siendo “funcionarios públicos y particulares”.

En septiembre del 2008 en el marco de esta investigación se realizó un allanamiento en el Departamento de Fiscalización y de Catastro de la Municipalidad, donde se obtuvo documentación informática relacionada con el tema. Además se realizaron inspecciones oculares en al menos 20 lotes producto de esta investigación y se tomaron declaraciones testimoniales.

La investigación se centra en determinar si son los mismos actores en cada operación que se denuncia en la causa pero en principio el propio magistrado confirmó que una de las claves es que obtenían información de la Municipalidad relacionada con la ausencia de pago de tasas de los lotes en cuestión.

Este grupo “habría tenido acceso a la base de datos de la Municipalidad y a partir de allí habría actuado”, según adelantó el juez quien insistió en que se trata de una “operación compleja”.

El propio intendente Marcelo Cascón admitió a este medio sospechas por la filtración de información oficial respecto de terrenos para la ocupación o en este caso para una venta ilegal y reconoció que dos personas contratadas fueron desvinculadas del área de Obras Públicas por haber sido señaladas por jefes de planta como agentes vinculados a este tipo de maniobras.

La investigación llegó al Juzgado Nº 2 en 2008 a raíz de una presentación realizada por la procuradora general, Liliana Piccinini a través del fiscal Marcos Burgos, quien remitió al juez la presentación de denuncias realizadas ante la Defensoría del Pueblo en Viedma.

La causa fue conocida públicamente el año pasado por expresiones de la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, quien apuntó a la posible vinculación del actual diputado Hugo Castañón y su esposa, Marcela Álvarez, en esta supuesta maniobra por la venta ilegal de tierras, sin embargo desde el propio Juzgado se descartó en su momento el involucramiento de estas personas en la causa.


(ADN)