El ex fiscal del Caso de Rincón de los Sauces denunció persecusión por parte de Gerez y Vignaroli
Vicente Aiello aseguró que son los responsables de su renuncia. Cuestionó la independencia del Poder Judicial.
Vicente Aiello aseguró que son los responsables de su renuncia. Cuestionó la independencia del Poder Judicial.
La ministra, Patricia Bullrich, fue contundente con este tema.
Las defensas se opusieron y solicitaron que la detención pasara al régimen domiciliario.
El polémico Ministerio de Desarrollo se quedó sin firmas porque todos sus funcionarios fueron acusados en 2023, antes de que asuma el nuevo gobierno.
En declaraciones a Enfocados TV, señaló a Marcelo Berenguer como el nexo entre el BPN y la oficina de planes sociales. Sostuvo que la defraudación en el Ministerio de Desarrollo Social supera holgadasmente los 155 millones de pesos.
La resolución rechaza un planteo de las defensas que pretendía liberar de la medida a propiedades, inmuebles, autos, cuentas bancarias y billeteras virtuales. La investigación señala que el perjuicio contra las cuentas públicas de la provincia, hasta el momento, alcanza a $153.377.900.
La medida alcanza una chacra, cinco casas, 26 vehículos, 63 cuentas bancarias y 17 billeteras virtuales, entre otros activos.
No obstante, la Justicia redujo el plazo de la medida a dos meses, en lugar de los seis que había dispuesto la jueza y que la Fiscalía pidió ratificar.
La jueza consideró que existe riesgo procesal. La defensa reiteró que hay presiones políticas y manifestó que la fiscalía "no tiene mucho interés en investigar".
A horas de una nueva audiencia por la estafa con planes sociales, Pablo Sanz analiza aportar nombres y cifras que quedaron afuera como parte de la negociación.
Como adelantó Minuto Neuquén, el 15 de octubre, Pablo Sanz confirmó que el fraude habría comenzado en el 2016. Aportó nuevos nombres al escándolo e indicó que el actual intendente y exministro de Gobierno era parte de las maniobras. También un director del BPN.
El robo comenzó en el Ministerio de Gobierno y justicia en el 2016, cuando los planes sociales dependían de esa cartera. Una de las imputadas ya lo había denunciado, pero la causa se archivó.
Abel Di Luca, Tomás Siegenthaler, Ricardo Soiza, Marcos Osuna y Pablo Sanz están apuntados como los jefes de una asociación ilícita.
El fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, tiene la certeza de que “hay otras personas involucradas” en el robo que le causó a la empresa Pluspetrol, un perjuicio patrimonial que supera el millón y medio de dólares y que “existen otros hechos”.
Actualmente, la investigación recae sobre la gestión de Abel Di Luca, pero no se descarta ir más atrás en el tiempo y poner bajo la lupa las gestiones de Adriana Figueroa y Mariano Gaido.
Corroboraron que las maniobras realizadas en varios puntos de la región eran destinadas a la compra y venta de vehículos.
Se trata de Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sanz y Marcos Osuna, los principales imputados en la causa, por existir peligro real de entorpecimiento para la investigación.
El sujeto es oriundo del partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires, y tenía un pedido de captura vigente solicitado por el Tribunal Oral de San Martín desde el 12 de octubre de 2022.
La Fiscalía de Casación mantuvo su pedido por la condena de Cristina Kirchner.
Para el fiscal, la condena a la expresidenta debería agravarse por el delito de asociación ilícita, por el cual fue absuelta. La defensa en cambio, pidió la absolución de la vicepresidenta, ya que el fallo “no cuenta con pruebas que lo avalen”.