Por Jorge Fontevecchia para Perfil

Huir al futuro

El Estado apeló el fallo favorable a Perfil que ordenó al Gobierno nacional colocar “publicidad oficial en las distintas publicaciones de la editorial, respetando un equilibrio razonable con aquellas de análogas características”.
domingo, 1 de marzo de 2009 · 00:00
Como anticipamos en esta contratapa hace dos semanas, a las 13.30 horas del martes 24 último, cuando vencía su plazo procesal, el Estado apeló el fallo favorable a Perfil de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que ordenó al Gobierno nacional colocar “publicidad oficial en las distintas publicaciones de la editorial, respetando un equilibrio razonable con aquellas de análogas características”. La próxima semana la Cámara dará traslado de la apelación a Perfil, la siguiente recibirá la contestación de la editorial y aproximadamente dentro de un mes resolverá si concede o no la apelación (técnicamente se llama “recurso extraordinario” y su destinatario es la Corte Suprema de Justicia) al Estado. Si la Cámara rechazara la apelación, el Gobierno nacional podría ir directamente a la Corte a través de un recurso de queja, pero la mayoría de los abogados coincide en prever que la Cámara concederá que el tema pase a instancias del máximo tribunal.

Luego, la Corte Suprema podría rechazar el tratamiento de la causa, en cuyo caso quedaría confirmada la sentencia de la Cámara, pero también la mayoría de abogados coincide en pronosticar que la Corte aceptará el análisis del tema.

Abierto el procedimiento, el máximo tribunal podría dar o no vista al procurador general de la Nación, Esteban Righi, de quien conoce su opinión porque ya hizo un dictamen en un caso de discriminación con la publicidad oficial, pero del Gobierno de la Provincia de Neuquén. Y hay quienes no descartan que hasta podría citar en audiencia pública al Gobierno nacional y a Editorial Perfil en la Sala de Audiencias de Tribunales, como hizo recientemente con los aborígenes wichís y el gobierno de Salta por la tala de árboles en esa provincia.

En cualquiera de los casos será un fallo con enorme resonancia incluso a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, que obliga a la Argentina por sus tratados internacionales e impuso en 1993 que la Argentina tuviera que derogar la figura de desacato de su Código Penal, después de que se condenara al periodista Horacio Verbitsky
por una nota publicada en el diario Página/12.

Dado que cada época tiene sus sentencias paradigmáticas sobre la libertad de expresión, y el caso de la publicidad oficial podría tener ese peso jurisprudencial, vale repasar los fallos resonantes anteriores del máximo tribunal:

En 1984: “Ponzetti de Balbín”, donde de modo claro ha establecido que lo estatuido sobre la libertad de prensa en nuestra Ley Fundamental no debe ser apreciado en un sentido literal, sino de un modo amplio y abarcativo de la libre expresión e información por otros medios diferentes a la prensa escrita.

En 1987: “La Prensa SA”, donde dijo que una interpretación estricta de la disposición contenida en la Ley de Abastecimiento conduce a establecer que los diarios, pese a su carácter de cosas muebles, no están comprendidos en la ley citada, ya que el fin primordial de aquellos no es difundir la cultura, sino la información o, en algunos casos, las ideas de sus redactores, cuya libertad de publicación está garantizada por el art. 14 de la Constitución Nacional.

En 1988: “Miguel A. Ekmekdjian”, donde estableció que un derecho de características tan especiales como el de réplica o respuesta no puede ser implícitamente comprendido en el art. 33 de la Constitución Nacional.

En 1989: “Carlos M. Acuña”, donde establece que la verdadera esencia del derecho a la libertad de imprenta radica fundamentalmente en el reconocimiento de que todos los hombres gozan de la facultad de publicar sus ideas por medio de la prensa sin censura previa, esto es, sin previo control de la autoridad sobre lo que se va a decir; pero no en la subsiguiente impunidad de quien utiliza la prensa como un medio para cometer delitos comunes previstos en el Código Penal, para cuyo juzgamiento son aplicables las reglas sobre la competencia establecida en los arts. 100 y 101 de la Constitución Nac

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