Por Horacio Verbitsky para Página12

¿Qué te puedo cobrar?

La justicia se ocupa a ritmo cansino de los responsables militares pero sus socios civiles prosiguen la destrucción del Estado.
domingo, 15 de marzo de 2009 · 00:00
Las empresas extranjeras que demandaron a la Argentina ante el Ciadi, la Cámara de Comercio Internacional de París y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional exigen el pago de por lo menos 14.047 millones de dólares, más los intereses correspondientes a los años transcurridos desde la devaluación de 2002. El cálculo es intrincado porque cada contrato fija condiciones diferentes, pero según distintas fórmulas podrían oscilar entre 3000 y 11.000 millones de dólares más. Los casos en los que ya se produjeron condenas contra la Argentina ascienden a 1155 millones de dólares, más los intereses. Otros han sido suspendidos por acuerdo entre las partes que negocian nuevos contratos y algunos fallados a favor del país. Con escasas excepciones los abogados que patrocinan a esas empresas son directivos o miembros del Colegio de Abogados de la Calle Montevideo y del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, Fores, dos entidades que participaron en forma activa en el sostén de la dictadura militar de cuya implantación se cumplirán en pocos días 33 años y cuyos directivos han recibido financiamiento para investigaciones académicas de la Fundación Creer y Crecer, el equipo intelectual que desde principios de siglo preparó el desembarco político de Maurizio Macri y Francisco de Narváez. En el cuadro que acompaña esta nota se publica por primera vez completa la nómina de esos abogados y su pertenencia a aquellas organizaciones de lobby económico y difusión ideológica, desde las cuales se defiende hasta hoy la impunidad para los crímenes del terrorismo de Estado, la política económica del neoliberalismo y la represión de sus consecuencias sociales, salvo que se trate de las acciones directas emprendidas por las cámaras patronales agropecuarias. El cuadro también incluye a los abogados que actuaron como testigos y peritos en contra del Estado Nacional. En 1976 el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo sostuvo que las Fuerzas Armadas salvaron a la República, cuando “había vacancia de poder y un vaciamiento de la Patria, tanto moral como político y económico”. El 6 de marzo de 1981, cuando el presidente de facto Jorge Videla dejó el gobierno, el Colegio destacó “la independencia con que han actuado los jueces”. Pero en mayo de 2005, cuando el Procurador del Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino, amagó identificar a quienes litigan contra el Estado en el Ciadi, el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo dijo que eso afectaría “sus derechos de defensa y el libre ejercicio de la profesión” y “atentaría contra el régimen democrático” y la posibilidad de resistir “la prepotencia estatal”. ¿Nostalgia por la clandestinidad de la dictadura, tal vez?

Hecha la ley

Ciadi es la sigla del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, creado por el Banco Mundial en 1967. Su secretario general es el ex primer ministro del Perú Bobby Dañino (sic). La legislación que permitió derivar a ese organismo la jurisdicción y la competencia que correspondían a los tribunales argentinos fue una de las primeras decisiones adoptadas por la Junta Militar en 1976, que con ese fin modificó el artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial. Su redacción histórica impedía la actuación en los asuntos patrimoniales “de jueces extranjeros o de árbitros que actúen fuera de la República”. En abril de 1976 el gobierno militar suprimió tal limitación. Ese decreto de un solo artículo se conoce como “Ley Nº 21.305” y fue fundamentado en la necesidad de “promover la cooperación económica y el comercio”. Al mismo tiempo se anuló el impuesto a la herencia, días después de que muriera el padre del ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz. Su hijo homónimo es el director de la revista del Colegio de Abogados de la Calle Montevideo, donde firmó un artículo en defensa de ese sistema de arbitraje, que se consolidó con los tratados bilaterales de protección de inversiones (TPI) firmados durante el gobierno de Carlos Menem. Según Martínez de Hoz (h.) las

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