Por Horacio Verbitsky para Página12

La paz social

El adelantamiento de los comicios aprobado con holgura por el Congreso obliga a definir propuestas, además de candidaturas.
domingo, 29 de marzo de 2009 · 00:00
Las pintadas en un barrio residencial de Resistencia frente a la casa del segundo exposo y ex socio de Elisa Carrió, Miguel Angel Benítez, volvieron a reunir a dos exponentes de la diáspora radical, separados por la expansión sojera y la fractura que provocó en la sociedad chaqueña. En este proceso nada tienen que ver el gobierno nacional ni el hijo adolescente de la ex diputada, pero bastante las peripecias vitales de ella y del autor de las agresivas expresiones gráficas, Emerenciano Sena. Las vidas paralelas de ambos chaqueños ayudan a entender lo que está ocurriendo en el país, mientras el primer gobierno que se ha abstenido de recurrir a la represión ante una protesta social organizada y con apoyos poderosos es denunciado de intolerante y agresivo, por las mismas fuerzas políticas y medios de comunicación que reclaman mano dura contra otras manifestaciones, políticas o delictivas, de la crisis de un modelo económico-social. Esta nota es la primera en la prensa nacional dedicada a examinar la afirmación de la Coalición Cívica Libertadora de que las pintadas en la casa del abogado Benítez fueron realizadas por “militantes kirchneristas”, como parte del “clima de intimidación y amenazas instalado por el gobierno”, y muestran “qué tipo de moral tiene el ex presidente, que lleva adelante este tipo de actos”.

Un siglo de historia

El territorio nacional del Chaco fue escenario de la última campaña expedicionaria del Ejército, que recién concluyó en 1917. Su propósito fue correr de sus tierras a los pueblos originarios y colonizarlas con inmigrantes europeos. Cuando Elisa Carrió surgió a la fama nacional en la Convención Constituyente de 1994, el Estado provincial poseía 3.500.000 hectáreas de tierras. En diciembre de 2007, cuando dijo que el 45 por ciento de los votos obtenidos por CFK le otorgaba una “legitimidad segmentada”, se habían reducido a 650.000 hectáreas. Provincializada en 1951 con el nombre de Presidente Perón, su Constitución prohibió la transferencia de tierras fiscales a empresas porque se proponía reservarlas para unidades productivas, de hasta 2.500 hectáreas, operadas por pequeños y medianos productores, sus hijos, comunidades aborígenes y cooperativas. Sin embargo, grandes compañías han formado latifundios de hasta 120.000 hectáreas. Alejandra Dandán describió en Página/12 ese proceso que cubrió de poblados fantasma el campo chaqueño. De las 2.850.000 hectáreas perdidas en esos años, no menos de la mitad se vendió en forma irregular y unas 800.000 fueron arrasadas por el desmonte, según auditó en 2002 el Tribunal de Cuentas de Chaco. El negocio es doble: la liquidación del bosque nativo de quebracho y algarrobo y la siembra de soja en el terreno resultante. Compraban de a 2.500 hectáreas, luego “cercaban los terrenos con un único alambrado perimetral y dejaban adentro escuelas públicas, puestos sanitarios, caminos vecinales, comunidades de aborígenes, de criollos o de pequeños campesinos a quienes los corrían hasta con armas de fuego”, le dijo un abogado que asistió a las víctimas de esa expansión delictiva. Apenas se auditó una muestra de 215 expedientes escogidos al azar. En un caso se sumaron 26 parcelas contiguas. Según los datos más recientes publicados por el diario chaqueño Norte, el cultivo de algodón, que crea empleo y arraigo, se redujo a 180.000 hectáreas mientras el de soja, que expulsa población, se extendió a 800.000 hectáreas. El valor de la hectárea pasó de 50 a 8.000 pesos entre 2001 y 2008. El algodón se cultivaba en parcelas de 40 a 100 hectáreas, minifundios en los que vivían familias de diez miembros, que para la cosecha contrataban ocho o nueve peones rurales que venían con sus mujeres e hijos. El latifundio sojero, en cambio, emplea muy poca mano de obra. Contrata la siembra y la cosecha con empresas de servicios de sofisticada mecanización, que las realizan en pocos días. Un cálculo que la Asociación Argentina de Siembra Directa (AAPRESID) considera exagerado, estima que con un trabajador se hacen producir 500 hectáreas. Uno de es

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