Por Jorge Lanata para Clarín

El número de desaparecidos: la verdad no aumenta la grieta

Loperfido se equivoca al mezclar la cifra con la intención de conseguir subsidios en el exterior: es generalizar demasiado
viernes, 29 de enero de 2016 · 00:00
La discusión, en el fondo, es sobre la superioridad moral de la víctima. Esa supuesta superioridad, fundada en el dolor, la autorizaría a dictar sentencias categóricas sobre todas las áreas sin ser cuestionada. La superioridad moral se asienta en la conciencia culpable del que accede a someterse.

Argentina es un país en el que se debe vivir aclarando; voy a someterme a esa regla que es un poco humillante: trabajé desde el periodismo para los derechos humanos toda mi carrera, he compartido mil charlas con las Madres y las Abuelas, me opuse a la obediencia debida en la Argentina, llevé adelante campañas en el exterior contra el indulto de Menem, colaboré en la vuelta al país de Juan Geman y Miguel Bonasso y su posterior instalación laboral, dirigí diez años el único diario que, cada día, publicó en sus respectivos aniversarios solicitadas gratuitas a las familias de desaparecidos, etc.

Toda esta perorata para afirmar que las declaraciones –y más que eso mismo, la actitud- de Darío Loperfido sobre la cantidad de desaparecidos y la discusión posterior me parecen valientes y oportunas. Es cierto que no tiene sentido discutir el fondo de una consigna –yo mismo, en una columna que saldrá en los próximos días, menciono los “treinta mil desaparecidos”- pero debe defenderse el derecho periodístico a brindar información concreta. Creo que Loperfido se equivoca al mezclar la cifra con la intención de conseguir subsidios en el exterior: es generalizar demasiado. Pero tiene todo el derecho de discutir lo que quiera.

Aclaro eso por la actitud de Estela Carlotto posterior a su visita a la Casa de Gobierno sobre el punto. Dijo que Loperfido debía “pedirles disculpas a la sociedad”. Las Abuelas, aunque respetadas por su trabajo y trayectoria, no son “la sociedad”, y si ese es el razonamiento habría quizá que preguntarse si Carlotto debía pedirle disculpas a alguien por su campaña sobre los Noble Herrera: ¿debería disculparse ante ellos mismos? ¿Ante el público? ¿Ante los técnicos de Canal 13 o Radio Mitre a los que les gritaban “devuelvan a los nietos”? En lugar de pedir disculpas, Carlotto se limitó entonces a decir: “Siempre dijimos que pueden ser los nietos reclamados, pero nunca lo aseguramos porque no está probado”. Preocupa la supuesta autoridad moral de Carlotto, cuando cualquiera puede comprobar que nunca dijo una palabra sobre los 300 millones de dólares del fraude de Sueños Compartidos, de las inmobiliarias Bonafini-Schoklender. Esos fondos eran girados por la Subsecretaría de Vivienda, a cargo de Luis Bontempo, o de la Subsecretaría de Obras Públicas, a cargo de Abel Fatala, ambas del Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido, a los municipios o provincias que contrataban a la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo para realizar las obras, en general mediante un convenio, sin licitación previa. No hay cifras oficiales y los cálculos extraoficiales varían entre los 150 y los 300 millones de dólares desde 2006. ¿Lo habló con Hebe? ¿Le preguntó a Cristina en uno de tantos actos? ¿Se preocupó por la prostitución de los organismos ante los que ahora Loperfido debiera disculparse?

Las declaraciones del secretario de Cultura tampoco eran nuevas. Ceferino Reato publicó en La Nación en 2013 que el número exacto de desaparecidos era siete mil ciento cincuenta y ocho. Así escribió: “7158 víctimas es una cifra que indica una matanza atroz, con el agravante de que fue realizada desde el aparato estatal. Llegué a este número luego de contar los apellidos y nombres que aparecen como víctimas de la dictadura en el Anexo II del Nunca Más, el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).

Primero, conté las víctimas en Córdoba, que es donde se desarrolla la trama de mi último libro “¡Viva la sangre!” y comprobé que el número era inferior al que manejaba el Archivo Provincial de la Memoria; luego, extendí el recuento a nivel nacional.

Me gustaría hacer una aclaración sobre esa cifra total: es la suma de 6.415 desaparecidos y 743 víctimas de "ejecución sumaria", una categoría creada durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner, según me informaron en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Se trata de una categoría muy general, que abarca a personas que fueron fusiladas en intentos de fuga que fueron fraguados y a muertos por grupos paraestatales, pero también a jóvenes fallecidos en tiroteos, durante ataques a cuarteles y comisarías o fusilados por los propios grupos guerrilleros a los que pertenecían, en cumplimiento de sentencias de ‘juicios revolucionarios’, como fue el caso del cordobés Fernando Haymal, de 26 años. Figuran, además, personas que murieron mientras armaban bombas que estallaron antes de lo previsto. Incluye también a muertos en tiroteos con la policía de otros países, como Hugo Irurzún, el ‘Capitán Santiago’ del Ejército Revolucionario del Pueblo, fallecido en Asunción del Paraguay en 1980, luego del atentado contra el ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza, que vivía refugiado en ese país. Un combatiente argentino, pero abatido en un tiroteo con la policía paraguaya en Asunción”.

Intentar averiguar la verdad es nuestro derecho como ciudadanos y nuestra obligación como periodistas. Poco importa una consigna. Cada uno elegirá si seguir o no repitiéndola –verán que yo, por ejemplo, sigo haciéndolo- pero por decisión personal y no porque ningún ser superior me obligue a hacerlo. La verdad no aumenta la grieta, es lo único que hace posible que alguna vez podamos superarla.

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