Por Joaquín Morales Solá para La Nación

El poder oscuro que Macri no puede controlar

Dos años después de haber accedido al gobierno, la administración de Mauricio Macri no puede controlar un poder oscuro, resbaladizo y peligroso que se mueve, a veces, dentro del Estado.
domingo, 11 de febrero de 2018 · 11:56

 EDITORIALES.- ¿Quién financia a los autoconvocados transportistas de granos que llevan más de una semana en una huelga, por momentos violenta? ¿Quién o quiénes ponen el dinero para que automóviles particulares se movilicen detrás de los camiones y les vacíen las cargas? ¿De dónde surge esta movilización que no cuenta con el apoyo de las tres organizaciones representativas del transporte de granos? Funcionarios importantes del Gobierno manifiestan sus dudas, pero no tienen información sobre un culpable presunto. ¿Moyano? No hay pruebas, pero todo lo que se mueve sobre ruedas está relacionado con el líder camionero.

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 Algo de ese poder en la oscuridad está, en efecto, en poder de Moyano. ¿Cómo pudo tener durante tanto tiempo la obra social de los camioneros en bancarrota mientras crecía la fortuna familiar con dinero de la misma obra social, entre otros ingresos? El actual combate de Macri con Moyano es decisivo. ¿Se animará Macri a hacer lo que los presidentes peronistas no quisieron hacer: llegar a un final de partida con el líder camionero, aun con el riesgo de perder? Ni Menem ni Néstor ni Cristina Kirchner quisieron probar suerte en un duelo definitivo con Moyano. Prefirieron aliarse a él o mantenerlo lejos, pero siempre evitaron la batalla final. Macri y Moyano no tienen ahora otra alternativa que enfrentar el último combate. El Presidente quedaría muy debilitado si cediera a estas alturas ante Moyano. Y Moyano sabe que la derrota es, en su caso, un sinónimo de la cárcel.  

Pasó casi inadvertida, pero una de las novedades más demostrativas de ese poder sombrío es el hallazgo que sucedió hace pocos días en la AFIP, la agencia de recaudación impositiva del país. El compromiso legal de la AFIP con el Estado y con los ciudadanos es la preservación sin fisuras del secreto fiscal. De hecho, la AFIP tiene información más vasta y real de los argentinos que cualquier servicio de inteligencia. Sabe en qué gasta su dinero cada ciudadano que tributa, cuántas propiedades tiene, qué auto o autos compró, con qué personal cuenta, cuáles son sus gustos, cuántas veces viaja y hacia dónde viaja. Un servicio de inteligencia tiene que salir a buscar esa información. La AFIP la tiene en su sistema informático. Por eso, Macri nombró al frente del organismo a Alberto Abad, un hombre de extracción peronista, pero con incomparable experiencia y conocimiento de esa agencia clave del Estado.  

Una auditoría de la que participaron la propia AFIP, la AFI (ex-SIDE) y la empresa Deloitte descubrió que un grupo de empleados vendía información sobre empresas y ciudadanos. Las investigaciones comenzaron luego de que trascendieran en el diario Página 12 algunos nombres de personas que blanquearon dinero en la reciente moratoria. Si bien no hay hasta ahora ninguna prueba que vincule a este grupo de empleados infieles con aquel trascendido, lo cierto es que la banda venía trabajando desde hacía tres o cuatro años. Su líder es Sebastián Karamanian, un hombre de aspecto humilde, austero, casi un carenciado. En la realidad, es un genio de la informática, empleado de planta de la AFIP y dueño de propiedades y de cuentas en el exterior.  El método consistía en venderles información sobre compañías y personas a importantes empresas (dos bancos entre ellas, uno nacional y otro extranjero).

Los informes eran generales, aunque las empresas que contrataban podían pedir precisiones sobre aspectos muy particulares. Una sorpresa fue el hallazgo de pedidos de informes sobre el personal doméstico de ciertas personas. Nadie en la AFIP encontró una explicación razonable para ese pedido tan especial, aunque algunos deducen que era una manera de llegar al personal doméstico, que conoce como nadie la vida privada de las personas. Las empresas y los bancos que requerían la información lo hacían a través de Reporte Online o de ADS, que son lo mismo, y cuyo dueño, Leandro Rodríguez, está también preso. Las empresas que usaban este método pusieron un pie en el delito: la violación del secreto fiscal está penada por la ley.  Solo ha salido una parte de la verdad. La información con que cuenta la Justicia termina el 29 de agosto del año pasado, cuando comenzó la auditoría. La banda siguió trabajando en sus traiciones hasta hace diez días, porque sus integrantes nunca advirtieron que los estaban investigando. Falta también la declaración de los seis detenidos, que podrían intercambiar información por una condena más leve.

La investigación hackeó las computadoras de los cinco empleados de la AFIP y del intermediario Rodríguez, intervino sus teléfonos y creó una especie de cápsula especial dentro del centro de datos informáticos de la AFIP, el corazón y el cerebro de la agencia impositiva.   Los infieles no fueron menos astutos. Crearon una central melliza de datos para que no quedaran registrados sus ingresos a la base madre de la AFIP. Cada vez que ingresa a la base madre uno de los muy pocos empleados de la agencia impositiva autorizados a penetrar en el sistema queda registrada su identidad. Para eludir esos controles, los infieles crearon una base melliza. En los allanamientos encontraron más de un millón de dólares en la oficina de Rodríguez, el dueño de Reporte Online, y más de cinco millones de dólares en una cueva financiera de Daniel Courmanian. Este era el encargado de hacer las transferencias de dinero al exterior de Karamanian, el jefe de la banda de empleados delincuentes de la AFIP. No se precisó todavía cuánto de ese dinero es de Karamanian. La banda hizo fortunas. Es inexplicable que un empleado de la AFIP, por más jerárquico que sea, tenga varias propiedades y cuentas en el exterior. En algún momento se sabrá también qué empresas y qué bancos pagaron por esos servicios y, sobre todo, para qué.  Esa filtración es también grave porque deja a los argentinos, sobre todo a los que tienen dinero, expuestos a otros delitos, como los secuestros extorsivos. Y compromete la confianza de los que tributan en la administración de Macri.

Una pregunta sin respuesta todavía es el papel que jugó en esta trama Ricardo Echegaray, jefe de la AFIP durante los últimos siete años de Cristina Kirchner. La banda funcionó como tal durante gran parte de su gestión. ¿Estaba al tanto y dejó hacer? ¿O, acaso, perdió su tiempo persiguiendo a los enemigos políticos de Cristina mientras sus empleados hacían fortunas vendiendo la información privada de miles de argentinos? Echegaray levantó ahora un estudio jurídico dedicado a los divorcios; nadie sabe como él cuánto dinero tiene cada argentino acaudalado que quiere divorciarse.  

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El caso cayó en manos del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, un hombre con mala fama en los tribunales de Comodoro Py. El fiscal es Federico Delgado, quien, a veces, suele ver los casos judiciales desde un punto de vista demasiado ideologizado. Los dos extremos, la supuesta corrupción y la extrema ideologización, son malas compañías de la Justicia. La AFIP no tiene críticas por ahora a la gestión de Canicoba Corral. Tal vez el juez sabe lo que se dice de él. Al revés de Norberto Oyarbide, que siempre expuso su inexplicable fortuna, Canicoba Corral cultiva un perfil bajo; es un desconocido para el común de la gente. Los rumores sobre su honestidad, sin embargo, envuelven su vida de juez desde hace muchos años. Algunas covachas de la Justicia forman parte también del poder oscuro que Macri no logró desbaratar todavía.

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