Aseguran que la nueva ley de biocombustibles excluye a los trabajadores

Lo afirmó la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio).
martes, 25 de mayo de 2021 · 13:47

Luego de que las comisiones de Energía y Combustible, y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitiera dictamen favorable al nuevo proyecto de biocombustibles, la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio) aseguró que la iniciativa oficialista no tiene en cuenta a los trabajadores.

En ese sentido, el nuevo proyecto de biocarburantes busca implementar un nuevo marco regulatorio para disminuir el corte para el gasoil con biodiesel del 10% al 5%. Por ese motivo, desde FASiPeGyBio se convocó a una reunión en la que expresaron su preocupación “por el cambio en los esquemas vigentes y las consecuencias que podrían afectar a los trabajadores”, indicaron en un comunicado.

En sintonía, el tesorero de la organización sindical, Gabriel Matarazzo, manifestó que reducir el corte a la mitad, implicaría que entonces las fábricas produzcan a la mitad. “¿Qué va a pasar con el personal?”, se preguntó. 
 

Doce entidades del maíz y la soja ya se habían opuesto al proyecto.

Asimismo, sostuvieron que las empresas también alertaron del carácter excluyente del proyecto de biocombustibles. “Las empresas son las que conocen sus montos y lo que yo entiendo es que muchas PyMEs van a tener que cerrar, porque somos muchos los que no hemos sido tomados en cuenta para el reemplazo de la norma”, resaltó el tesorero.

Finalmente, Matarazzo lamentó que la federación no haya sido tenida en cuenta, en tanto ellos representan a los trabajadores y el nuevo proyecto de ley de biocombustibles “los interpela”.
 

El proyecto también logró dos firmas de diputados radicales y dos del PRO.

El proyecto

Uno de los redactores del proyecto fue el diputado santafesino Marcos Cleri, quien resaltó el trabajo consensuado con productores, y las economías regionales. En esa línea, la iniciativa oficialista detalla una vigencia de 10 años, aunque establece la posibilidad de una prórroga por otros cinco años. Fue impulsada por el Frente de Todos y por otros dos bloques opositores y logró obtener 49 firmas en total: 28 en presupuesto y 21 en energía.