Energía
El diputado Agustín Domingo desea quitarle a Nación las empresas Edenor y Edesur
El exministro de Economía de Río Negro impulsará un proyecto en el Congreso nacional.
El diputado nacional por Río Negro, Agustín Domingo, impulsará un proyecto que se debatirá en el Congreso y le quitaría al Gobierno nacional al jurisdicción sobre Edesur y Edenor, para transferir la regulación y manejo de tarifas a la Provincia de Buenos Aires y Capital Federal.
La iniciativa del legislador indica que el presidente Alberto Fernández dejará de subsidiar solo a las dos empresas del país. “La injerencia federal directa en actividades locales no solamente es irregular, sino que además genera una situación de grave inequidad entre los ciudadanos de la República”, señala el proyecto redactado por Agustín Domingo.
A su vez, Agustín Domingo sostuvo que el peso electoral del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) es lo que mantiene las “tarifas artificialmente bajas a expensas del resto del país, que no logra compensar el peso decisivo del área metropolitana en las urnas”.
Al presentar el proyecto, el exministro de Economía de Río Negro sostuvo que como producto del incentivo nacional al AMBA, lo que pagan aquellos usuarios “es notablemente inferior al que deben afrontar los del resto del país”.
En tanto, destacó que la tarifa residencial de CABA es de 1,7 pesos por kilovatio hora, mientras que la de Río Negro es desde 6,3. “Esto implica un valor para Río Negro, que es 3,7 veces superior al del AMBA”, dijo.
El papel de Nación en Edesur y Edenor
Cabe destacar que el Gobierno nacional compensa la mayor parte del costo de generar y transportar la electricidad para evitar un impacto en las facturas finales, pero las distribuidoras, que obtienen sus ingresos de una parte del precio final, dependen en sus ingresos de las decisiones de cada provincia.
El surgimiento de Edenor y Edesur fue cuando se privatizó la empresa Segba (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires), que tenía el servicio de electricidad en Buenos Aires, en el conurbano. Estas dos empresas funcionan bajo regulación federal.
En cambio, con Agua y Energía, otra empresa estatal pero con actividad en el interior del país, se tomó el camino de la transferencia del servicio a las provincias.
