El llamado de atención que recibió Viviana Canosa por parte de la Justicia

A partir de una auditoría realizada por el gobierno actual en la Defensoría del Público, creada a partir de la Ley de Medios, se dejó al descubierto que el organismo no solo destina 10 millones de pesos diarios en capacitaciones a empresas de comunicación y periodistas, sino que también existe una lista de comunicadores que son denunciados sistemáticamente. Uno de ellos es Viviana Canosa.

Las autoridades nacionales consideran que durante el último tiempo hubo “un sesgo ideológico y una intención de controlar lo que se dice”. Según Infobae, la lista de los periodistas más denunciados está encabezada por Viviana Canosa y Baby Etchecopar, con una gran cantidad de presentaciones en su contra cada uno. Además de la conductora radial y su colega, también forman parte de ella figuras de la televisión como Esteban Trebucq, Eduardo Feinmann, Jonatan Viale, Jorge Lanata, Rolando Graña y Alejandro Fantino. Además, aparecen mencionados Martin Candalaft, Beto Casella, Nelson Castro, Diego Sehinkman, Marcelo Bonelli, Edgardo Alfano, Joaquín Morales Solá, Eduardo Van Der Kooy y Ángel de Brito.

Soher El Sukaria, quien fue nombrada para dirigir el organismo hace unas semanas, detectó que el 70 % de los denunciantes contra Viviana Canosa y compañía eran residentes de la provincia de Buenos Aires y que, generalmente, eran ellos mismos quienes presentaban las quejas, siempre contra los mismos medios y periodistas. De acuerdo con el informe, ninguna presentación terminó en la justicia, sino que la propia Defensoría instaba a las instituciones y comunicadores involucrados a que “reflexionen y revisen cómo trabajan”. Por el momento, la expresentadora de LN+ no se refirió a la polémica en la que se vio envuelta y continúa enfocada en su nuevo ciclo radial que se emite por Radio Rivadavia todos los sábados.

Auditoría a la Defensoría del Público

De acuerdo a lo que reveló el informe que publicó Infobae, fue Soher El Sukaria, exdiputada del PRO, quien reemplazó a Miriam Lewin, que hasta hace poco estaba a cargo de la Defensoría del Público, la responsable de realizar una investigación sobre los gastos que genera el organismo y la cantidad de empleados que tiene. Según los datos que se dieron a conocer, la institución destina 270 millones de pesos mensuales solo en los sueldos de los 120 empleados de planta permanente y otros 25 más, entre planta transitoria, contratos y pasantías. Además, el funcionamiento mensual implica un gasto de 300 millones, lo que resulta en una cifra cercana a los 10 millones diarios en total.

En su momento, la Defensoría del Público trató también de actuar en las redes sociales y canales digitales, ya que por ley solamente puede intervenir en radio y televisión. Esta iniciativa fue criticada por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entre otras. Después de esta auditoría, el gobierno actual se plantea la idea de disolver el organismo y transferir a todo el personal a la Defensoría del Pueblo de la Nación.