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El Parlamento uruguayo declaró inconstitucional la ley de amnistía para militares

La Ley de Caducidad fue sancionada hace 23 años y sirvió para que efectivos de todas las fuerzas de seguridad que violaron derechos humanos durante la última dictadura sean amnistiados.
jueves, 26 de febrero de 2009 · 00:00
El Parlamento de Uruguay declaró ayer inconstitucional a la Ley de Caducidad sancionada hace 23 años y que, salvo excepciones, amnistió a militares y policías que violaron derechos humanos durante la última dictadura, entre 1973 y 1985.

La resolución fue adoptada por la Asamblea General -que reúne a las dos cámaras- con el voto de 69 de los 71 legisladores presentes, sobre 130 totales, informó la agencia noticiosa alemana DPA.

Los votos a favor provinieron casi exclusivamente de legisladores del Frente Amplio (FA) gobernante, en tanto los únicos en contra fueron los de los diputados Daniel García Pintos, de un sector del Partido Colorado, e Iván Posada, del pequeño Partido Independiente, consignó la radio El Espectador en su sitio web.

De todos modos, la opinión del Parlamento no es vinculante y la decisión final sobre la constitucionalidad de la ley la tendrá la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que será notificada formalmente hoy del resultado del debate legislativo.

La polémica sesión, que duró más de seis horas y tuvo momentos de tensión, fue convocada por el vicepresidente de la república y titular de la Asamblea General, Rodolfo Nin Novoa, a partir de una consulta efectuada por la SCJ.

El planteo del máximo tribunal fue consecuencia de una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la fiscal Mirtha Guianze en relación con la causa en que se investiga la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, ocurrida en 1974 en una unidad militar.

El senador oficialista Danilo Astori justificó el voto de su bancada al afirmar: "Aquí no hubo violentos enfrentando a violentos".

"Aquí hubo muchos compatriotas que de violencia no sabían ni hicieron nada, como Nibia Sabalsagaray, estudiante, hija de modestos trabajadores textiles, profesora de literatura con gran esfuerzo suyo y de su familia, que un día fue detenida y a las pocas horas murió por fracturas", agregó.

La votación tuvo lugar después de que se retirara la mayoría de los representantes de los dos principales partidos opositores, el Nacional (Blanco) y el Colorado, cuyos representantes tuvieron actitudes diferentes.

Los legisladores colorados participaron del debate, en el que defendieron la constitucionalidad de la ley, criticaron duramente la convocatoria a la sesión argumentando que sólo la SCJ tiene atribuciones en este asunto y acusaron al FA de presionar a la Justicia a través del Parlamento.

Los nacionalistas, en cambio, actuaron divididos: mientras los legisladores del sector Alianza Nacional no ingresaron al recinto y criticaron la convocatoria en una conferencia de prensa, los de Unidad Nacional, liderados por el ex presidente Luis Lacalle, entraron, leyeron una declaración y se retiraron.

En esa declaración, leída por el senador Francisco Gallinal, sostuvieron que el Poder Legislativo "no es parte del proceso de inconstitucionalidad de las leyes" y acusaron al gobierno de haber montado una "pirueta política" y propiciado un "atropello al estado de derecho".

"Me hubiera gustado que hubiera habido debate; no lo hubo por la actitud de las bancadas de los partidos tradicionales que abandonaron la sala, actitud que no contribuye a fortalecer las instituciones", afirmó Astori.

"Hubiera preferido una discusión sobre temas que son absolutamente relevantes", agregó quien fue ministro de Economía del actual gobierno y es uno de los principales candidatos del Frente Amplio para suceder al presidente Tabaré Vázquez en las elecciones de octubre próximo.

La Ley de Caducidad fue sancionada en 1986, tras la recuperación de la democracia, y su vigencia fue ratificada en referendo en 1989.

Vázquez excluyó algunos casos del alcance de la norma, lo que permitió el encarcelamiento del ex presidente de facto Gregorio Alvarez, así como el de otros ocho ex militares y policías.

La eventual aceptación de una excepción en

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