Brasil: multa millonaria a Facebook por no bloquear cuentas que difunden noticias falsas
Los perfiles son de allegados al presidente Jair Bolsonaro.La Corte Suprema de Brasil ordenó a Facebook pagar 1,2 millones de reales diarios (235.294 dólares) por no bloquear las cuentas de personas investigadas por haber difundido noticias falsas. Los perfiles bajo la lupa son de empresarios y políticos cercanos al presidente brasileño, Jair Bolsonaro.
La Justicia brasileña ya había impuesto a la empresa una sanción de 1,92 millones de reales (alrededor de 376.470 dólares) por no haber cumplido con lo ordenado, pero se decidió un aumento de la multa a 100.000 reales (de 3.921 a 19.607 dólares) por cada una de las 12 cuentas que debe suspender.
Según lo dispuesto por el juez Alexandre de Moraes, Facebook tiene que pagar 1,2 millones de reales todos los días hasta que por fin desactive los perfiles solicitados. Según el magistrado, los bolsonaristas investigados continúan difundiendo noticias falsas.
Para esquivar el bloqueo de sus cuentas, las personas investigadas cambiaron la configuración de la ubicación de sus perfiles de Facebook hacia otros países. Por ello, la Corte Suprema amplió la disposición para que también fueran suspendidos los perfiles que se encuentren en el exterior.
La orden judicial fue dirigida a Conrado Leister, presidente de Facebook en Brasil, para que actúe sobre lo dispuesto. Sin embargo, la compañía fundada por Mark Zuckerberg recurrió la decisión judicial al considerar que la ley brasileña tiene límites en su jurisdicción.
La semana pasada fue la empresa Twitter quien había anunciado que buscaría recurrir la disposición de Moraes, a la que describió como “desproporcionada bajo la óptica del régimen de libertad de expresión vigente en Brasil".
Los allegados de Bolsonaro, líder de la ultraderecha en Brasil, son sospechosos de propagar noticias falsas y amenazas contra las autoridades legislativas y judiciales del país. La Corte suprema cree que políticos y empresarios están detrás de estos ataques.
La disposición de Moraes busca “interrumpir discursos criminales”, pero no es la primera vez que los allegados al presidente son objeto de acciones judiciales: en mayo pasado, se dictaron allanamientos hacia estas personas, por una causa abierta en 2019.