La oposición boliviana convoca a nuevas protestas tras la detención de Áñez
Denuncian persecución política contra la expresidenta interina.Bolivia dividida: después de la aprehensión de la exjefa de Estado, Jeanine Áñez en la madrugada del sábado, diversos sectores de la población han mostrado su rechazo a lo que ellos califican como "una persecución política en contra de la abogada boliviana". La oposición del país ha condenado enérgicamente el arresto de los titulares del antiguo Gobierno interino alegando que en la nación nunca hubo un golpe de Estado contra el entonces presidente de la República, Evo Morales.
Varios partidos de oposición, detractores del Gobierno actual, entre ellos el Frente de Unidad Nacional (FUN) donde Áñez milita, han convocado a una jornada de movilización para este lunes en desacuerdo con la orden judicial en contra de la política boliviana y a medida de presión para que pueda ser juzgada por el Parlamento de la República de Bolivia como le corresponde por ser una expresidenta y no como se pretende hacer, dándole su causa a los tribunales ordinarios y negándole cualquier tipo de privilegios políticos.
Por su parte, el Ministerio de Justicia de Bolivia ha rechazado cualquier tipo acusación de la oposición asegurando que no se trata de un acto de ensañamiento político contra la exsenadora, sino de un reconocimiento por parte de la justicia de que lo que sucedió en el territorio boliviano en 2019 fue un golpe de Estado y no una dimisión voluntaria como la oposición pretende hacer ver. Asimismo, ha reiterado que Evo tuvo que abandonar el país como un prófugo de la justicia, porque su vida corría peligro si permanecía en la nación y que las autoridades de factas en ese momento transgredieron sus derechos constitucionales.
Además, resaltó que el juicio a Áñez no puede realizarse en la sede del Parlamento boliviano, porque no le corresponde el beneficio del tratamiento especial como exmandataria, ya que se le está acusando por su complicidad en la rebelión militar y durante esta etapa ella poseía el cargo de segunda vicepresidenta del senado, es decir, senadora. Por lo tanto, no hay privilegios aplicables para su causa, por ende no existe ninguna trasgresión a sus derechos ni a la Carta Magna. Recordemos que la Justicia de Bolivia la está acusando por su presunta conspiración contra el entonces gobernante y por ello tiene un cargo por terrorismo de Estado y de sedición (incitación al levantamiento colectivo).