“La libertad de expresión en México corre peligro”, según Human Rights Watch

Vuelve el debate a México tras la publicación de un comunicado oficial de la organización no gubernamental (ONG) Human Rights Watch (HRW) sobre un polémico proyecto de ley impulsado por el partido político Morena, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador es abanderado. 

Según la ONG, la nueva reglamentación que pretende otorgarle al Gobierno de México la potestad para regular todas las redes sociales en el país azteca “arriesga la libertad de expresión del pueblo mexicano, porque transgrede todas las leyes internacionales sobre el derecho a informar y ser informados”.

Nuestra vasta experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos nos indica que este reglamento  no cumple con los parámetros internacionales sobre el derecho a la libertad de expresión y pone en riesgo la misma. Instamos al Gobierno de México a detener su aprobación.

De qué trata el controvertido proyecto de ley mexicano

De acuerdo con lo reseñado por el portal de noticias Europa Press, esta normativa le concede poderes al organismo regulador de las telecomunicaciones de México para decidir qué redes sociales pueden o no operar en el país, cuáles serán los contenidos que se podrán mostrar en las mismas y le otorga la potestad al organismo para imponer sanciones y limitaciones a los dueños de las plataformas digitales. 

Por otra parte, el reglamento señala que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México tendrá la autoridad de conceder concesiones a los medios de comunicación y podría tener la facultad de modificar los términos y condiciones de los servicios de las redes sociales en la nación azteca, además de impedir a los usuarios registrarse en las plataformas que el organismo considere como una red no autorizada. 

“Esto, indiscutiblemente, le otorga al IFT de México un carácter totalitarista y autoritario solo visto en Gobiernos dictatoriales, lo que presumimos no es el caso de la administración mexicana”, enfatizó Human Rights Watch. Finalmente, la ONG recalcó que la normativa posiblemente obligue a las pequeñas y medianas empresas emergentes a abandonar las operaciones por miedo a penalizaciones y limitaría el acceso a la comunicación desde diversas fuentes, no solo las del Estado.