Crisis política en El Salvador: la Asamblea Nacional destituyó a todos los jueces

Estados Unidos muestra su preocupación por la decisión del Tribunal Supremo.
domingo, 2 de mayo de 2021 · 18:00

Con 64 votos a favor, una ausencia y 19 en contra, la recién electa Asamblea Legislativa de El Salvador ha decidido aprobar un decreto constitucional para destituir a todos los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al Fiscal General de la república centroamericana.

El sábado, durante su primera sesión extraordinaria, la plenaria legislativa liderada por el partido gobernante (Nuevas Ideas) del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, le ha dado un evidente espaldarazo al ejecutivo nacional cesando a todos los funcionarios que retaron al mandatario y que lo amenazaron con formalizar una investigación en su contra por el presunto mal manejo de la pandemia en El Salvador

Fuente: (Euronews)

La decisión, aunque aplaudida por la bancada oficialista, no ha sido bien recibida por un amplio porcentaje de la población salvadoreña, quienes afirman que Bukele ha dado el primer paso para declarar a su Gobierno como uno autoritario, haciéndose de la totalidad del Congreso y evitando rotundamente tener oposición en el parlamento del país

 

La respuesta de la comunidad internacional 

En la misma línea, el Gobierno de los Estados Unidos como miembro activo de la comunidad internacional ha mostrado su más sincera preocupación por la destitución de los magistrados salvadoreños, alegando que este decreto podría ser calificado como un acto inconstitucional que pone en riesgo el equilibrio de poderes y las sendas democráticas del país, dado que contar con un poder judicial libre de la injerencia estatal es indispensable para mantener un estatus óptimo de justicias y libertades. 

A la declaración del Departamento de Estado de los Estados Unidos se le ha sumado la del director general para las Américas de la organización no gubernamental Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien ha catalogado la decisión como un duro golpe al Estado de derecho de El Salvador