Secuestro en Minsk: el mundo condena el arresto arbitrario de un periodista en Bielorrusia
La UE evalúa imponer sanciones contra Aleksandr Lukashenko y sus ministros.
Un hecho sin precedentes se registró el domingo en la capital de Bielorrusia, Minsk, cuando el presidente de esta nación, Aleksandr Lukashenko, le ordenó a las autoridades aeroportuarias desviar un avión comercial y forzar su aterrizaje en la ciudad para arrestar arbitrariamente a un reconocido periodista bielorruso que le ha dado amplia cobertura a las protestas opositoras del país y que se declara abiertamente un detractor de la administración bielorrusa.
Este suceso ha provocado una ola de repudio e indignación de la comunidad internacional, así como la enérgica condena de decenas de países del mundo que le exigen al Gobierno del país europeo que “libere inmediatamente a Román Protasevich”, al tiempo que instan a los organismos de justicia internacional a investigar este acto que consideran “una clara transgresión a los derechos fundamentales del periodista opositor”.
Fuente: (Euronews)
Acciones internacionales
La Unión Europea (UE) y Estados Unidos han sido los primeros en reaccionar en contra de lo sucedido en Minsk, catalogando el arresto como “un acto ilegal y escandaloso” por parte del régimen bielorruso, instándolos a “garantizar los Derechos Humanos del detenido”.
En la misma línea, el presidente del Consejo Europeo para la Relaciones Internacionales, Charles Michel, y la jefa del organismo, Ursula von der Leyen, han amenazado a Bielorrusia con sancionar este accionar “represivo, totalitarista y dictatorial” del presidente Lukashenko.
Mientras que el alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha convocado al representante diplomático de Bielorrusia a la sede del organismo en Bruselas. Según la agencia de noticias EFE, la petición ha sido emitida este mismo lunes por el comité de prensa del organismo, pero aún el embajador Aleksandr Mikhnevich no ha respondido a la misiva.
Organismos con Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) han expresado su rechazo a esta acción, calificándolo de “inadmisible e injustificado”.
