Fin a los desalojos arbitrarios: pueblos originarios en Paraguay exigen respuestas al Gobierno
Senadores y comunidades autóctonas convocan a una audiencia pública.
Diversas organizaciones originarias y comunidades autóctonas de Paraguay han convocado para este lunes, 21 de junio, una primera asamblea pública con senadores paraguayos y miembros de la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado (CPI) para exigirle al Gobierno nacional el fin de los desalojos arbitrarios de los pueblos nativos de sus tierras ancestrales.
“Esta primera reunión solo será una previa de preparación”, explicó Armando Portillo Benítez, secretario de la Organización Nacional de Aborígenes Independientes del Paraguay (ONAI), pero servirá para allanar las bases de lo que será la primera audiencia pública contra el gobierno de Mario Abdo Benítez, a quien responsabilizan de los siete desalojos que se han llevado a cabo en el país sudamericano durante este 2021.
El dirigente denunció que en menos de seis meses la Policía Nacional de Paraguay ha ejecutado arbitrariamente siete desahucios de pueblos nativos completos, al dejar sin hogar ni pertenencias a decenas de hombres, mujeres y niños. Según Portillo Benítez, el último desalojo fue el más violento de todos y sucedió hace apenas dos días, en la comunidad de Ka'a Poty 1 Itakyry, en el Alto Paraná.
“Destruyeron todo a su paso, quemaron escuelas, casas, templos de culto y las pocas pertenencias de las familias, a pesar de contar con un título de propiedad emitido por el propio Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), que registró el lugar a nombre de estos nativos”, condenó el funcionario de la ONAI, durante una entrevista con la cadena de noticias Sputnik News.
Exigencias y denuncias
Además de solicitar explicaciones y el fin inmediato de las desocupaciones repentinas, las comunidades autóctonas exigen la restitución total de las tierras apropiadas por el Estado.
Miguel Fulgencio Rodríguez, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado (CPI), acusó a diversos funcionarios del Gobierno, entre ellos el ministro de Interior de Paraguay (Arnaldo Giuzzio), de ser cómplices de estos “terribles atropellos” y denunció públicamente al presidente de la República de querer “borrar la huella cultural originaria del país”.
