Francia aprueba el pasaporte sanitario y la vacunación obligatoria
La medida se aplicará en todo el país y entrará en vigor desde el lunes.
Luego de varias semanas de intensas protestas y el rechazo masivo de la mayoría de la población, el Consejo Constitucional de Francia aprobó por unanimidad las dos polémicas medidas impuestas por el presidente francés, Emmanuel Macron, en las que se contempla la obligatoriedad de las vacunas para el personal médico sanitario y trabajadores de geriátricos, así como el controversial “pase sanitario” que otorga una serie de privilegios a los inmunizados contra el virus.
En concreto, el llamado “pasaporte sanitario” entrará en vigencia desde este mismo lunes, 9 de agosto, y supone ciertas limitaciones de movilidad y acceso a lugares cerrados a las personas que no estén vacunadas en el país. Lo que significa que desde la semana próxima, los franceses que quieran acceder a bares, restaurantes y centros comerciales deberán estar vacunados o presentar este certificado.
¿En qué consiste el pase de vacunación?
Básicamente, el pase sanitario es un test de PCR negativo que deberá estar en vigencia al momento de acceder a los recintos antes mencionados. Por ejemplo, si una persona planea visitar un museo deberá portar su resultado negativo de coronavirus realizado en un máximo de 48 horas, y 72 en el caso de los que viajan.
Mientras que en el caso de los franceses que hayan superado el virus, tendrán que contar con un certificado emitido por las autoridades, donde conste que el paciente superó la enfermedad por lo menos seis meses antes.
Vacunación obligatoria
Ahora bien, en el caso de las vacunas obligatorias para todo el personal de asistencia médica de Francia, la fecha ha sido ratificada para el 21 de septiembre, el plazo establecido por el Gobierno el mes pasado y que contempla las dos vacunas aplicadas.
Sin embargo, el Consejo Constitucional de Francia decidió vetar la normativa impulsada por Macron donde se considera la “no vacunación” como causal de despido justificado. El organismo, responsable de velar por el funcionamiento de la constitución del país, encontró arbitraria esta medida y la desechó por “atentar contra las libertades”.
