El presidente de Colombia pide liberar a los presos del estallido social del 2021

Gustavo Petro, el presidente de Colombia, liberará a los jóvenes que fueron encarcelados luego del paro nacional del año pasado al afirmar que “tienen derecho a pasar la Navidad con sus familias”. Esta medida que el mandatario cafetero había prometido en campaña comenzó una tormenta en varias áreas de la política local y no solo en las opositoras, sino también en algunos sectores más moderados de su propio partido.

De acuerdo con la fundación Indepaz, hubo 1.832 detenciones ilegales y 75 asesinatos durante el estallido social del año pasado, de los cuales 44 fueron atribuidos a la Policía y el resto a los manifestantes del país sudamericano. “Fueron más de 300 capturas con proceso previo de inteligencia y judicialización, con todos los trámites de la Fiscalía y, por supuesto, un juez que emitió las órdenes de captura. Las otras detenciones fueron en flagrancia”, palabras con las que respondió Diego Molano, quien era ministro de Defensa de Colombia en ese momento.

No obstante, desde el gobierno remarcan que a pesar de que los jóvenes saldrán de la cárcel, no significa que se les da un indulto o que se les perdonan los posibles crímenes que ocurrieron en la nación cafetera. “Esta medida tiene como consecuencia que si estas personas están privadas de la libertad, saldrán de la cárcel, pero continuarán vinculadas a los procesos penales a los que se les está investigando o enjuiciando. No es indulto, no es una amnistía”, señaló el ministro de Justicia de Colombia, Néstor Iván Osuna, en un comunicado.

Aún así, varios miembros de la anterior administración criticaron con dureza la disposición, como Daniel Palacios, el exministro de Interior, que remarcó: "Primero, los gobiernos no condenan ni absuelven en Colombia, es la Justicia, a través de los jueces de la República, la que determina. Y segundo, nadie está condenado por protestar, lo están por asesinar, torturar y secuestrar. ¡No siga engañando al país!"

A quién beneficia esta medida

Una de las principales preguntas que ronda acerca de esta determinación es a quién va a beneficiar, debido a que varios miembros de los atrapados fueron juzgados y sirven tiempo en la cárcel. Según Alfonso Prada, el ministro de Interior del gobierno colombiano se verá en un caso a caso.

“El presidente, una vez se expida el análisis de cada caso en particular en forma individual e independiente, adoptará la decisión que va a ser básicamente una solicitud de suspensión de la captura que dirigirá a la autoridad judicial correspondiente”, indicó el político, además de señalar que “quienes vayan a ser beneficiarios de esta medida quedan vinculados inicialmente a los expedientes y correrán la suerte de que finalmente decidan los jueces en sentencia judicial”.