Brasil
La Corte Suprema de Brasil condenó a un diputado bolsonarista a 8 años de prisión
El legislador estaba acusado de atentar contra las instituciones democráticas y sus integrantes.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil (el equivalente a la Corte Suprema) sentenció al diputado Daniel Silveira a ocho años y nueve meses de prisión por sus continuos ataques a las instituciones democráticas. El legislador pertenece a las filas más duras de la ultraderecha del presidente Jair Bolsonaro.
Alexandre de Moraes, juez de la Corte Suprema del país vecino, aseveró que Silveira había actuado para impedir el funcionamiento de la democracia y del Poder Judicial en Brasil, a cuyos integrantes profirió “graves amenazas”.
“La Constitución no garantiza la libertad de expresión como escudo protector para la práctica de actividades ilícitas, para discursos de odio, para discursos contra la democracia, para discursos contra las instituciones. Ese es el límite”, subrayó el magistrado del alto tribunal de Brasil.
El Supremo Tribunal Federal negó los argumentos de la defensa del diputado bolsonarista, que sostenía que las amenazas de Silveira estaban amparadas por la inmunidad parlamentaria.
La sentencia, que todavía puede ser apelada, fue respaldada por 10 de los 11 jueces que componen el tribunal. El único que votó en contra fue Kassio Nunes, que llegó al Supremo en 2020 tras ser propuesto por el propio Bolsonaro.
Qué hizo Silveira
El diputado del país de unos 220 millones de habitantes publicó en sus redes sociales diversos videos con insultos de todo tipo y contundentes amenazas contra los jueces de la Corte Suprema. Asimismo, exigió que se destituyera a los magistrados de este tribunal.
No solamente hizo estos pedidos en las plataformas digitales, sino también en diversos actos antidemocráticos que incluso habían sido alentados por el propio mandatario de Brasil. En dichas ocasiones, se exigía a Bolsonaro que cerrara el Congreso y clausurara el Supremo Tribunal a través de una “intervención militar”.
Por otro lado, Silveira criticó el orden constitucional y elogió el instrumento de represión más duro de la dictadura militar de 1964, algo considerado inconstitucional.
