Venezuela
La ONU acusó al Gobierno y los servicios de inteligencia de Venezuela de crímenes de lesa humanidad
El informe apunta directamente al presidente Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello.
Los servicios de inteligencia de Venezuela cometen crímenes de lesa humanidad bajo las órdenes de altas esferas del Gobierno. Esa fue la acusación realizada hoy por la Misión Internacional Independiente de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en un informe que ahonda las denuncias realizadas en 2020.
"Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual", denunció Marta Valiñas, presidenta de la misión de la ONU en Venezuela.
La misión documentó 173 casos de estos delitos —especialmente entre los años 2017 y 2019— y basó sus conclusiones en 246 entrevistas a distancia con las víctimas y sus familiares, y con exfuncionarios de los servicios de inteligencia y de las fuerzas de seguridad de Venezuela. De la totalidad de casos, 122 habrían sido cometidos por la la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar) y 51, por el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional).
Altas esferas del Gobierno
Uno de los aspectos más preocupantes, del informe presentado hoy, es que las actividades criminales de la Dgcim y el Sebin eran producto de órdenes directas tanto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como del primer vicepresidente, Diosdado Cabello, o miembros de su círculo cercano.
"Los actos de violencia documentados no fueron realizados por individuos aislados y sin conexión actuando solos dentro del Sebin y la Dgcim. Estas violaciones, que constituyen crímenes de lesa humanidad fueron parte de una política deliberada del Gobierno para silenciar, y sofocar a la oposición", indicó la misión y aseguró que aún hoy se mantienen las mismas estructuras, patrones y prácticas en estas esferas. El Gobierno del país sudamericano aún no se pronunció respecto a las denuncias de este informe.
