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Luz... y mucha fuerza

La Justicia ordenó que aquellos usuarios que se nieguen a pagar el servicio no podrán quedarse sin suministro. ¿Qué va a pasar con los aumentos?
miércoles, 28 de enero de 2009 · 00:00
La Justicia ordenó ayer que las empresas distribuidoras de energía eléctrica no corten el suministro a los usuarios que no paguen las facturas de luz con el aumento ordenado por el Gobierno. Es una admisión parcial a un amparo presentado por el defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, que insiste en suspender la medida oficial. Ante este golpe, el Ministerio de Planificación puso en marcha su plan para aliviar el impacto en el bolsillo. La Secretaría de Energía autorizó a las empresas a flexibilizar las condiciones para no sufrir el aumento (no tener gas en red, tevé por cable, entre otras), abrió la negociación caso por caso y el ente regulador tendrá la última palabra. Para los usuarios de la provincia de Buenos Aires, se estudia que los castigos monetarios del Programa de Uso Racional de Energía Eléctrica (PUREE) por consumo en exceso no tributen IVA.

El dictamen de la jueza Cecilia De Negre se choca con otra realidad. La mayoría de los usuarios pagó el aumento por el temor al corte. Aquellos que pagaron, en principio, no pueden pedir la devolución del dinero hasta que la magistrada resuelva la cuestión de fondo.

La misma jueza que había desconocido la legitimidad de la Defensoría para reclamar en nombre de los consumidores afectados y cuyo fallo fue revocado por sus superiores de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

De Negre le ordenó a Edenor, Edesur y Edelap que “se abstengan de efectuar cortes en el suministro de energía eléctrica motivado en la falta de pago de las facturas emitidas en base a las resoluciones discutidas en este pleito, hasta tanto recaiga sentencia definitiva”.

Al conocer el dictamen, el defensor del pueblo, Eduardo Mondino, aseguró que el Gobierno insistió en “obstinarse” con estos aumentos.

Mondino celebró el fallo al señalar que “rico o pobre, el ciudadano merece que se respeten sus derechos” y aseguró que “esta es la primera vez que se tipifica al rico o pobre según si consumen más o menos kilovatios de luz”.

“No sólo es un absurdo: es ridículo –dijo el defensor–. Cuando se dicta una norma y se ve que es perjudicial, se tiene que modificar y no ser un obstinado, pero estamos ante un exceso de obstinación. Este Poder Ejecutivo se equivoca y en lugar de corregirlo insiste”.

La Defensoría impugnó las resoluciones del Ente Nacional de Regulación Eléctrica que autorizaron dos ajustes: uno de hasta 30% para compensar los mayores costos por inflación y otro que llegó hasta 400% para los usuarios que consumen más de 1.000 kilovatios hora por bimestre, para disminuir los subsidios para la generación eléctrica.

La jueza De Negre admitió ayer “la trascendencia innegable de la cuestión debatida, como es la fijación de los cuadros tarifarios de los servicios públicos” y avaló que existe “un daño imposible o de dificultosa reparación” si no se frenara ahora la medida, hasta estudiar la cuestión.

Como pruebas, la jueza tuvo en cuenta que gran cantidad de facturas de usuarios afectados, “acrecentado en atención a la cuantía de los importes de las facturas” y “la importancia que el servicio de suministro eléctrico tiene en la actualidad para los usuarios residenciales”.

Ante la medida judicial, las distribuidoras se mostraron cautelosas.

“Nunca pensamos en cortar el suministro y seguimos con los planes de pago”, dijo un vocero de Edenor. En esta empresa, menos del 10% de los clientes presentaron quejas por el ajuste.

En Edesur también aparecieron proclives a analizar caso por caso. Más del 95% de sus usuarios ya pagó la boleta con el aumento y su ciclo de facturación está casi cerrado.

En Edelap, la prestadora del servicio en La Plata y alrededores, admitieron tener 20 reclamos por el incremento de la tarifa. En su caso, el lote de facturas con el ajuste se terminó de enviar la semana pasada.

Tras analizar el fallo judicial, las firmas dejaron en claro cuál es su interpretación

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