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Un empresario retiene aportes jubilatorios y resulta condenado por la Justicia

Fue sancionado por no ingresar los depósitos de la seguridad social y luego presentó un recurso de amparo que fue rechazado por la Cámara de Casación Penal.
viernes, 13 de febrero de 2009 · 00:00
En una reciente sentencia, la Cámara de Casación Penal condenó al vicepresidente de una compañía con dos años de prisión de cumplimiento en suspenso por no haber depositado los aportes y contribuciones de la seguridad social de sus empleados.

El fallo es un llamado de atención para todos aquellos ejecutivos que tienen responsabilidad directa en la retención y depósito de estas cargas sociales y adquiere particular relevancia dentro este contexto creciente de crisis.

Sucede que, frente a los apuros económicos, una de las formas de financiamiento extremo de las empresas consiste en diferir el ingreso y depósito los aportes y contribuciones, una práctica generalizada en un gran número de compañías.

El fallo sienta un antecedente importante ya que los jueces establecieron que el estado de crisis financiera de una compañía no puede ser invocado por quienes se encuentran al frente de aquella para justificar el incumplimiento de este tipo de obligaciones tributarias.

Los jueces condenaron al ejecutivo en el marco de la causa “Elosegui, Miguel s/ recurso de casación”.

Revés judicial
El ejecutivo argumentó que le había sido imposible cumplir con la obligación de depositar las cargas sociales debido a la situación de crisis financiera y económica en la que se encontraba inmersa la empresa.

El vicepresidente dijo que la firma se encontraba en “total estado de crisis”, lo que hacía que no se dispusiera de fondos en sus cuentas bancarias y que eso había motivado a que se presentara en concurso preventivo.

Sin embargo, los magistrados desestimaron la defensa aludida al considerar que “las simples dificultades económicas no excusan, pues debe tratarse de una situación de suma gravedad que torne a otros conceptos prioritarios”, dijeron.

En otras palabras, para el tribunal la situación de crisis empresaria no configura un estado de necesidad que justifique que la empresa no cumpla con los depósitos correspondientes a la seguridad social de sus empleados.

Además, los jueces recalcaron que el vicepresidente contaba con funciones ejecutivas y administrativas entre las que figuraban “gestionar toda clase de asuntos ante la administración pública y en particular en lo relacionado con el sistema previsional”.

“Este fallo pone nuevamente en evidencia el cuidado que deben tener los funcionarios y ejecutivos de las compañías en el manejo de las cuestiones tributarias y previsionales”, dijo Martín García Santillan, socio de Pizarro Posse & García Santillan.

El abogado agregó que las irregularidades cometidas en esa gestión “los colocan en situación de verse sometidos a un proceso de naturaleza criminal en el marco de la Ley Penal Tributaria y más aún, como en el caso en análisis, a ser condenados a penas de prisión”.

El letrado explicó que los ejecutivos de las compañías “asumen responsabilidades personales aún cuando la gestión irregular haya sido en exclusivo beneficio de las empresas que dirigen”.

García Santillan puntualizó que las sanciones penales “son siempre para las personas físicas; es por ello el sumo cuidado que deben tener los directores, ejecutivos y funcionarios en el manejo de la cuestión tributaria y previsional de las cuales son responsables frente a la ley penal a título personal”.

La configuración del delito
Horacio J. Romero Villanueva, socio de Danuzzo Iturraspe & Romero Villanueva, precisó que la decisión de omitir depositar los aportes retenidos al personal hace incurrir a los responsables en el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social, y que ese delito establece una pena de dos a seis años prisión.

El especialista manifestó que ese ilícito contempla dos hipótesis particulares: cuando el empleador no depositare total o parcialmente, dentro de los diez días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingr

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