Sociedad

Cromañón: la Justicia sobreseyó a todos los procesados por mala praxis

La medida de la Cámara del Crimen benefició a los acusados que participaron del plan de emergencia luego de que ocurrió la tragedia.
lunes, 30 de marzo de 2009 · 00:00
La Cámara del Crimen sobreseyó, al considerarlos inocentes, a todos los procesados por mala praxis en la emergencia que sucedió al incendio de República Cromañón, que en diciembre de 2004 ocasionó la muerte de 194 asistentes a un recital de Callejeros, por inhalación de ácido cianhídrico.

La medida, que incluye el denominado "Cromañón II", favorece entre otros, al comisario mayor Alejandro Roberto Cano, quien era director general de Operaciones de la Policía Federal en diciembre de 2004 y a Martín Galmarini, médico regulador de turno del SAME.

Ambos habían sido procesados por el juez de instrucción Alberto Baños en una resolución conocida en diciembre del año pasado.

La Sala Quinta del tribunal confirmó los sobreseimientos del ex jefe de gobierno de la Ciudad Aníbal Ibarra, del ex secretario de Salud Alfredo Stern, de la ex secretaria de Derechos Humanos Gabriela Alegre, del ex secretario de Seguridad Juan Carlos López, del comisario de la Seccional Séptima de la Policía Federal, Gabriel Sevald, y del subcomisario Carlos Díaz.

Los camaristas Rodolfo Pociello Argerich, María Laura Garrigós de Rébori y Mirta López González, dejaron sin efecto los procesamientos contra Cano por "incumplimiento de los deberes de funcionario público", y contra Galmarini, por "incumplimiento de los deberes de oficio", y los embargos por 100 mil pesos sobre los bienes de ambos.

La actuación de los emergentólogos había sido objetada por los padres de las víctimas cuando la causa aún estaba en manos de la jueza María Angélica Crotto, y en diciembre último Baños resolvió dictar procesamientos y sobreseimientos en ese aspecto de la tragedia, conocido como "Cromañón II".

Los jueces consideraron que la situación de Cano debía analizarse "teniendo en cuenta que, al tiempo de emitirse la orden cuestionada -esto es trasladar a las víctimas en unidades no sanitarias- colindaban en su persona ... la obligación de asegurar y salvaguardar a las personas y su obligación de conducir las fuerzas policiales en operaciones".

"Al momento de la toma de decisión por parte de Cano, éste no disponía de otro medio menos lesivo para satisfacer el interés vida/salud que, en una situación de necesidad real, estimó prevalente por su magnitud e intensidad", resumieron.

A Galmarini se le reprochaba "no haber informado al SAME Central las características del episodio y no haber iniciado la organización en general del operativo sanitario".

A ese respecto, los camaristas admitieron que "habría omitido llevar adelante las tareas de organización", pero lo atribuyeron "a un estado de necesidad justificante".

Los "requisitos exigidos por la causa de justificación", son "peligro inminente, acción necesaria y que el mal provocado fuera menor al evitado", por lo que coincidieron en que Galmarini actuó amparado en ese concepto, y decidieron sobreseerlo.

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