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Por una resolución, amplían las causales para realizar abortos en los hospitales públicos

El ministro Juan Manzur firmó una Guía Técnica que establece que el aborto 'es un derecho humano'. Los médicos están obligados a interrumpir el embarazo en casos de violación con solo la declaración de la víctima.
martes, 20 de julio de 2010 · 00:00
La flexibilización y la ampliación de las causales de la interrupción del embarazo se adoptaron tras la firma de la resolución 1184/10 del Ministerio de Salud, que activó la denominada Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles. En la medida firmada por el ministro Juan Luis Manzur, el Gobierno ordena a los médicos las causales que deben tomarse en cuenta para realizar -en un plazo no mayor a 10 días- ese tipo de prácticas. La disposición también aclara que ante el pedido de la interesada, los médicos no pueden recurrir a la Justicia, bajo pena de ser "responsables penales, civiles o administrativos".

En el documento, publicado el 12 de julio, se establece que los profesionales deberían realizar esa intervención ante casos de violación constatados por una denuncia policial o con la simple "declaración jurada" de la víctima. También lo permite para las adolescentes que tengan más de 14 años, pero sin la autorización o conocimiento de los padres. Además, se permite y obliga a los médicos a realizar un aborto a mujeres consideradas "idiotas, dementes" o incapaces, pero sin que sea obligatoria la declaración formal de ese estado personal por parte de un juez.

En la Guía Técnica se incluye que como causas del aborto deben tomarse la existencia de "peligro para la vida de la mujer, para su salud, si existe violación o por un atentado al pudor por una mujer idiota o demente ". En la resolución del Ministerio, se da una definición de "salud" confusa y sin límites claros, al establecer que se trata de "un completo estado de bienestar físico, psíquico y social y no solamente como la ausencia de enfermedades o afecciones ".

Según trascendió en un reporte publicado en el diario Página 12, en la resolución se intentaron precisar los límites que el artículo 86 del Código Penal tiene para la interrupción del embarazo. Pero va más allá, al determinar que los médicos no pueden recurrir ante la Justicia, ni siquiera para pedir autorización, y que están obligados a realizar esa intervención en un plazo máximo de 10 días desde que se concreta el pedido.

La coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, Paula Ferro, destacó que la Guía busca "ser una referencia frente a la ausencia de normativas provinciales. El Estado nacional está marcando así un piso de acceso a derechos".

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