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Por orden de una jueza se cambiaran los nombres de calles porteñas de funcionarios de facto

La resolución fue firmada por la magistrada Elena Liberatori. Consideró que esa nomenclatura es 'contraria al derecho vigente' y que las ordenanzas que dispusieron tales nombres son inconstitucionales.
viernes, 06 de agosto de 2010 · 00:00
La plaza Gianantonio, ex Lonardi (foto), uno de los antecedentes para la decisión

La jueza Elena Liberatori ordenó a la Legislatura porteña cambiar la denominación de todas las calles y lugares públicos de la Ciudad que lleven nombres de funcionarios de gobiernos de facto, antes de la finalización del próximo período legislativo, según un fallo al que tuvo acceso Infobae.com.

"No cabe duda de que la subsistencia de nomenclatura urbana alusiva a ex funcionarios de gobiernos de facto resulta claramente contraria al derecho vigente y que, por ende, las ordenanzas que dispusieron tales nombres a los espacios públicos resultan inconstitucionales ", dice la resolución.

De esta manera, la jueza del fuero contencioso administrativo porteño hizo lugar a una acción de amparo en el marco del pedido de un particular que basó su pretensión en el art 83 del código de la Ciudad, que en su artículo 5º dispone que "en ningún caso deberán designarse calles o lugares públicos con nombres de autoridades nacionales, provinciales o municipales que hayan ejercido su función por actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático".

"De la reseña normativa efectuada se desprende que la subsistencia de nomenclatura urbana alusiva a ex funcionarios de gobiernos de facto no sólo resulta contraria a los principios de nuestro ordenamiento jurídico, relativos a la defensa del orden constitucional y a la promoción de los valores democráticos, sino que además infringe una prohibición expresa contenida en ese sentido en el art. 5º de la Ley Nº 83 ", dijo la jueza en la resolución.

En tanto, criticó la falta de acción de los legisladores respecto a este tema: "Habiendo transcurrido ya casi 27 años desde el retorno de la democracia a nuestro país, y casi doce años desde la entrada en vigencia de la prohibición contenida en el art. 5º de la Ley Nº 83, no se ha desplegado aún una actividad legislativa suficiente a fin de que la nomenclatura urbana resulte acorde a derecho, en consonancia con los principios democráticos que sustentan nuestras instituciones republicanas".


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