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Campaña sucia: hallaron facturas del gobierno porteño en los allanamientos

Daniel Filmus sostuvo que de acreditarse que la contratación de Connectic SRL fue para realizar la falsa encuesta telefónica, el caso podría derivar en el delito de malversación de fondos públicos.
jueves, 28 de julio de 2011 · 00:00
El senador y candidato a jefe de gobierno porteño por el Frente para la Victoria (FPV), Daniel Filmus, y su abogado León Arslanian, señalaron en conferencia de prensa que la investigación que se lleva adelante por la “campaña sucia” en la Ciudad de Buenos Aires podría derivar en la constitución del delito de malversación de fondos públicos.

El candidato por el kirchnerismo aseguró que “hay buena cantidad de documentos que muestran la relación entre las empresas implicadas y el gobierno porteño, como, por ejemplo, los del call center”. “De acreditarse la contratación de la firma Connectic SRL por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y su utilización a los fines de la campaña difamatoria, se habría incurrido en un desvío de fondos públicos para fines impropios, lo que constituiría el delito de malversación”, explicó Arslanian, quien acompañó a Daniel Filmus en la rueda de prensa convocada por el representante de la Ciudad en la Cámara Alta tras haber planteado una cuestión de privilegio en el recinto.

El ex ministro de Educación explicó las razones para solicitar la cuestión de privilegio. “Esta campaña afectó mis fueros y, por lo tanto, los de toda la Cámara. Como senador de la Ciudad de Buenos Aires me siento agraviado”, señaló Filmus al iniciar el trámite parlamentario que ahora debe ser estudiado en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Por su parte, León Arslanian subrayó la importancia de los resultados de los allanamientos ordenados en la causa. “Los materiales secuestrados ponen en evidencia la responsabilidad de las personas físicas y empresas mencionadas”, dijo.

De los procedimientos llevados a cabo por el Poder Judicial surge que en Talcahuano 446, piso 3° B, domicilio fiscal de las empresas Connectic y TAG se secuestraron chequeras de esas dos empresas, como de la firma Opinión Confidencial y de Call and Contact Center, lo que según la querella probaría la pertenencia a un mismo Grupo. También, como resultado de los allanamientos, se encontraron talonarios de facturas de Opinión Confidencial, Connectic, Call and Contact Center y de Guillermo Garat –socio de Jaime Durán Barba– ; un pliego de licitación para la contratación del servicio de call center para encuestas, hecho por el gobierno de la Ciudad con Connectic SRL, contratos celebrados con la misma empresa y facturas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En el domicilio fiscal de Opinión Confidencial, Libertad 1240, 1° piso, oficina 33, la justicia secuestró: un pliego de bases y condiciones para la provisión de un sistema de llamadas automáticas IVR (el mismo sistema con el que se desarrolló la campaña sucia), junto a documentación de todas las empresas del Grupo y una propuesta comercial de la empresas TAG con fecha 9 de julio de 2011, dirigida al Ministerio de Educación de la Ciudad, para la provisión de equipos y servicios.

Desde la querella aseguran que de los datos recolectados en la investigación surge que Jaime Durán Barba, en su carácter de jefe de campaña del actual jefe de gobierno, con el auxilio de sus socios Rodrigo Lugones y Guillermo José Garat –a través de empresas asociadas, propiedad de los nombrados– utilizaron un call center para simular una encuesta con la única finalidad de desprestigiar y desviar el voto de posibles electores en favor de su empleador.
 
“Las preguntas formuladas a través de la encuesta falsa conteniendo afirmaciones de supuestas relaciones del candidato con personas o situaciones, secuenciadas de modo tal de disuadir o generar dudas en el ánimo del elector para modificar su voluntad política en contra de Filmus constituye un delito tipificado en el artículo 140 del Código electoral y penado con hasta dos años de prisión”, señaló Arslanian.

En tanto, desde el entorno del candidato del FPV explicaron que habrá que esperar la finalización de la producción de la prueba ordenada por el juez federal Ariel Lijo para saber los alcances de la operación. Por eso resultarán de gran

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