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Fue aprobado en la Cámara Alta un registro de violadores y delitos sexuales

Se aprobaron modificaciones a la ley 26.364. Los detalles de todo lo aprobado.
miércoles, 31 de agosto de 2011 · 00:00
Tras 30 días sin actividad, los legisladores abrieron la discusión con sus posiciones sobre el sistema de boleta única. Pero debido a que la oposición no consiguió los votos necesarios para tratar el tema, diputados aplazó el tema para luego de las elecciones.

Los senadores acordaron, después de un mes sin actividad, realizar una sesión evitando temas que generan controversia. Es así como la Cámara alta aprobó además por unanimidad y envió a Diputados un proyecto para crear el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con delitos contra la integridad sexual.

La creación del organismo que funcionar en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación recibió el voto positivo de los 52 senadores presentes.

El Registro tendrá por objeto facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal vinculada a delitos contra la integridad sexual, con el fin de posibilitar la individualización de las personas responsables.

Cambios a la ley de tratas. El proyecto, que modifica la ley 26.364, incluye como principal cambio el de no contemplar el consentimiento de la víctima, si es mayor de edad, como atenuante de la responsabilidad de un acusado de trata de personas.

El texto define la trata de personas como el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países.

Prevé, además, castigos cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad; cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados y cuando se promoviere la prostitución ajena o la prostitución infantil.

Las penas carcelarias que deben recibir los imputados de proxenetismo contemplan, en el caso de la figura básica, un castigo de 2 a 4 años de prisión. Con agravantes, la pena va de 5 a 15 años en el caso de que las víctimas queden embarazadas o sean menores.

La iniciativa sobre trata prevé también crear organismos y volcar recursos para la asistencia y la reparación del daño a las víctimas de este delito y determina que deben recibir información sobre los derechos que le asisten en su idioma y en forma accesible a su edad y madurez, y disponer de asistencia psicológica y médica gratuitas.

Además, obliga al Estado a brindar alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente y elementos de higiene personal a las personas que sufrieron este tipo de delitos.





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