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Polémica: Los presos que estudien, tendrán una reducción de su condena

La medida regirá para las personas privadas de su libertad de los penales federales que aprueben los diferentes ciclos de enseñanza.
lunes, 12 de marzo de 2012 · 00:00
En base a lo que anunció este lunes el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, los internos que decidan mejorar su nivel cultural, podrán ser liberados antes de terminar con su condena.

Como condición para ser beneficiario de ese incentivo, sólo deberán demostrar denuedo al estudio, y su condena dictada por un tribunal de Justicia será reducida hasta casi 2 años.

Esto se relaciona con que a partir de este año comenzará a aplicarse un sistema de incentivos que reduce hasta 20 meses las penas de los presos gracias a la puesta en marcha de los incentivos educativos incorporados a la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.

Alak, acompañado por el titular de Educación, Alberto Sileoni, fueron los encargados de los anuncios durante el acto de apertura del ciclo lectivo 2012 en la Unidad Penitenciaria Nº1 de Ezeiza y que involucra a todas las unidades penales del Servicio Penitenciario Federal.

Cabe recordar que el pasado 27 de julio, el Congreso votó modificaciones a la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad poniendo en el artículo 140 de la 26.695 los “estímulos educativos” que benefician a los internos condenados por delitos.

La tabla reductora para los "presos estudiantes"

a) Un (1) mes por ciclo lectivo anual
b) Dos (2) meses por curso de formación profesional anual o equivalente
c) Dos (2) meses por estudios primarios
d) Tres (3) meses por estudios secundarios
e) Tres (3) meses por estudios de nivel terciario
f) Cuatro (4) meses por estudios universitarios
g) Dos (2) meses por cursos de posgrado

La norma estipula que estos plazos serán acumulativos hasta un máximo de veinte (20) meses.
“Es una medida inédita en la historia argentina que busca incentivar a las personas privadas de su libertad a capacitarse para lograr una reinserción social plena”, afirmó Alak.

Y defendió la aplicación del artículo 140 señalando que “está probado que la formación de los condenados reduce significativamente los niveles de reincidencia en el delito”.

En la ley sancionada el pasado año ahora también se contempla que, si un penal no garantiza el acceso a la educación de los presos, estos podrán recurrir a la Justicia y que el Estado se haga cargo a través de un tercero.

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