Salta : Solicitarían al Congreso el desafuero del ex gobernador Romero

El actual senador de esa provincia está al borde de la detención.
lunes, 16 de marzo de 2015 · 00:00

SALTA.- Según pudo confirmar en primicia El Intransigente, el Juez de Garantías de Cuarta Nominación de Salta, Diego Rodríguez Pipino, recibió formalmente el viernes el pedido de desafuero al senador nacional Juan Carlos Romero, realizado por la Fiscal Penal de Delitos Económicos Complejos de Salta, Mónica Poma.

La información fue confirmada por el asesor de prensa del Ministerio Público Fiscal, Sebastián Rodríguez, quien explicó que se da en el marco de la novena causa de corrupción que pesa sobre Romero, en la que se lo investiga por enriquecimiento ilícito en los doce años de gestión como Gobernador de Salta. 

Según la Ley Nacional de Fueros 25.320, el magistrado evaluará el pedido de la fiscalía y, de considerarlo procedente, pediría al Congreso de la Nación que se quiten los privilegios legislativos a Romero, para que curse una imputación penal como ciudadano común y no pueda volver a evadir declaraciones indagatorias en cualquiera de las nueve causas por corrupción que pesan en su contra.

En su artículo segundo, la legislación contempla que "La solicitud de desafuero deberá ser girada de manera inmediata a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara correspondiente, la que deberá emitir dictamen, en un plazo de 60 días. La Cámara deberá tratar la causa, dentro de los 180 días de ingresada, aun cuando no exista dictamen de comisión". 

La acción legal de la Fiscalía proviene de lo que indica la Ley, luego de que el legislador no cumpliera con los pasos procesales. "El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad pero en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político". 

Juan Carlos Romero había sido citado la semana pasada con apercibimiento de iniciarse el proceso mencionado, por lo que además estaría al borde de la detención. No cumpliendo con su presentación a declaración indagatoria, ni respondiendo la declaración mediante escrito, la Fiscal Poma consideró que se deben quitar las herramientas legales de privilegio para que el senador nacional finalmente de explicaciones sobre su patrimonio. 

La misma norma nacional de fueros expresa en su artículo tercero que "si un legislador hubiera sido detenido en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Nacional, el tribunal pondrá inmediatamente en conocimiento del hecho al cuerpo legislativo correspondiente, quien decidirá por los dos tercios de los votos, en sesión que deberá realizarse dentro de los 10 días, si procede el desafuero. En este caso se actuará conforme al artículo 70 de la Constitución Nacional. Para el caso de denegar la Cámara el desafuero, el juez dispondrá la inmediata libertad del legislador".

Resta ahora conocer la decisión del Juez Pipino sobre la presentación al Congreso, donde dos Comisiones especiales deberán analizar la situación y aprobar o no el pedido de la Justicia salteña. 

Fuente: El Intransigente


LEY DE FUEROS

Ley 25.320
Apruébase un nuevo Régimen de Inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados.

Sancionada: Septiembre 8 de 2000.
Promulgada: Septiembre 12 de 2000.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1º — Cuando, por parte de juez nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abra una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político, el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión. El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad pero en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político. En el caso de dictarse alguna medida que vulnera la inmunidad de arresto, la misma no se hará efectiva hasta tanto el legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político no sea separado de su cargo. Sin perjuicio de ello el proceso podrá seguir adelante hasta su total conclusión. El tribunal solicitará al órgano que corresponda el desafuero, remoción o juicio político, según sea el caso, acompañando al pedido las copias de las actuaciones labradas expresando las razones que justifiquen la medida. No será obstáculo para que el legislador, funcionario o magistrado a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyendo causa tenga derecho, aun cuando no hubiere sido indagado, a presentarse al tribunal, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan serle útiles. No se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara.

ARTICULO 2°— La solicitud de desafuero deberá ser girada de manera inmediata a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara correspondiente, la que deberá emitir dictamen, en un plazo de 60 días. La Cámara deberá tratar la causa, dentro de los 180 días de ingresada, aun cuando no exista dictamen de comisión.

ARTICULO 3°— Si un legislador hubiera sido detenido en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Nacional, el tribunal pondrá inmediatamente en conocimiento del hecho al cuerpo legislativo correspondiente, quien decidirá por los dos tercios de los votos, en sesión que deberá realizarse dentro de los 10 días, si procede el desafuero. En este caso se actuará conforme al artículo 70 de la Constitución Nacional. Para el caso de denegar la Cámara el desafuero, el juez dispondrá la inmediata libertad del legislador.

ARTICULO 4°— Si fuera denegado el desafuero, la suspensión o remoción solicitadas, el tribunal declarará por auto que no puede proceder a la detención o mantenerla, continuando la causa según su estado.

En cualquier caso regirá la suspensión del curso de la prescripción prevista en el artículo 67 del Código Penal.

ARTICULO 5°— En el caso del artículo 68 de la Constitución Nacional, se procederá al rechazo in limine de cualquier pedido de desafuero.

ARTICULO 6°— Deróganse los artículos 189, 190 y 191 del Código Procesal Penal de la Nación (Ley 23.984).

ARTICULO 7°— Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

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