Kicillof va al Senado por la reestructuración de la Deuda

La Comisión de Relaciones Exteriores recibirá al ministro de Economía a las 15.
miércoles, 30 de septiembre de 2015 · 00:00
BUENOS AIRES.- El Senado debatirá en comisión, con la presencia del ministro de Economía, Axel Kicillof, el proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo, que declara de "orden público" los "Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana", una iniciativa argentina aprobada en las Naciones Unidas (ONU) el último 10 de septiembre.

La Comisión de Relaciones Exteriores, que preside el kirchnerista sanjuanino Ruperto Godoy, recibirá al ministro desde las 15 en el Salón Illia del Palacio Legislativo y al término del encuentro se firmará el dictamen. Se prevé que el proyecto sea debatido en el recinto de sesiones el miércoles 7 de octubre.

Se precisó que la iniciativa contiene los Principios aprobados por Naciones Unidas, a instancias de la Argentina, sobre reestructuración de deudas. La resolución, de carácter no vinculante, fue aprobada por los países integrantes de la ONU con 136 votos a favor, seis en contra y 41 abstenciones.

Sus principios establecen que cuando una propuesta de reestructuración es aprobada por una amplia mayoría de tenedores de bonos, la minoría restante debe aceptarla y no puede apelar a otras instancias, como le sucedió a la Argentina con los fondos buitre que acudieron a los tribunales de Nueva York.

De ese modo se busca cerrarle el paso a quienes no entraron en las reestructuraciones que, siendo algo más del uno por ciento de los tenedores, pondrían en peligro todo el proceso de canje de deuda cuya aceptación voluntaria fue de alrededor del 92 por ciento.

La Resolución también destaca que los Estados tienen derecho a reestructurar su deuda soberana lo que no debe verse "frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas".

Asimismo, postula que la reestructuración debe hacerse "como último recurso, preservando desde el inicio los derechos de los acreedores".

Por otro lado, apunta a promover la transparencia "para aumentar la rendición de cuentas de los interesados", compartiendo tanto datos como procesos relacionados con la renegociación de la deuda. También se exige "la imparcialidad" de todas las instituciones y agentes involucrados en las reestructuraciones, "incluso a nivel regional" y que se abstengan de ejercer influencia indebida en el proceso y en otros interesados o de realizar actos que generen conflictos de interés o corrupción.

Junto a esto, los Estados tendrán la obligación de abstenerse de discriminar arbitrariamente a los acreedores, a menos que la diferencia de trato esté justificada conforme a derecho, sea razonable y se corresponda con las características del crédito, garantice la igualdad entre los acreedores y sea examinada por todos los acreedores.

Por su parte, los acreedores tendrán derecho a recibir el mismo trato en proporción con su crédito y con las características de este. También se deja en claro que la cuestión de la "inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución en materia de reestructuración de la deuda soberana es un derecho de los Estados ante los tribunales internos extranjeros, y las excepciones deberán interpretarse de manera restrictiva", para evitar embargos de embajadas o buques.

Además, explicita el principio de "sostenibilidad" que apunta a que en todas las reestructuraciones se debe preservar "los derechos de los acreedores" y promover "el crecimiento económico" de los Estados "minimizando los costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero internacional y respetando los derechos humanos".

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