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Marcha atrás : No habrá blanqueo para políticos

La Coalición Cívica y el radicalismo declararon, como toda la oposición, estar en contra del sinceramiento fiscal.
martes, 31 de mayo de 2016 · 00:00
BUENOS AIRES.- El Gobierno de Mauricio Macri ingresará esta tarde el proyecto de blanqueo de capitales a la cámara de Diputados excluyendo finalmente a los funcionarios políticos y ex funcionarios públicos del régimen. Pese a que la semana pasada se había defendido la inclusión de funcionarios y ex funcionarios públicos para que el blanqueo fuera "lo más amplio posible", ahora se dio marcha atrás.

Así, quedarían excluidos todos los funcionarios políticos del Poder Ejecutivo: presidente, ministros, secretarios, subsecretarios, directores nacionales y encargados de los entes reguladores. Por otro lado, se saldó la discusión interna entre quienes, afirmaban dentro del Gobierno que era más conveniente ingresar el proyecto al Congreso por el Senado -porque hay más consenso para aprobarlo- y quienes, como marca la Constitución, decían que debía ingresar por Diputados por tratarse de una reforma tributaria.

 En paralelo, las fuentes aclararon que la decisión del presidente Mauricio Macri de repatriar sus fondos de Bahamas por $ 18 millones corresponde a una resolución política, porque esas islas "no constituyen para la AFIP un paraíso fiscal". De hecho, Bahamas figura en la larga lista de "países cooperantes" definidos como tales durante el kirchnerismo, en relación a aquellos territorios que firmaron convenios de información tributaria con la Argentina.

El artículo 2 del decreto 589/2013, estableció el listado de países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados y regímenes tributarios que suscribieron convenios de doble imposición o acuerdos de intercambio de información y/o han iniciado el proceso de negociación o ratificación de un convenio de doble imposición o acuerdo de intercambio de información con el gobierno argentino.

Junto con el blanqueo de capitales, ingresará toda la reforma previsional difundida por el Gobierno, que prevé el pago de los juicios a los jubilados y la conformación de una comisión para el estudio de un nuevo sistema, con un plazo de tres años. (Especial Minuto Neuquén)

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