Con Echegaray al frente, la AFIP mintió a la Justicia para proteger a Lázaro Báez

La actual conducción reveló que hubo datos adulterados durante el kirchnerismo.
sábado, 15 de abril de 2017 · 00:00
ARGENTINA.- La AFIP alertó a la Justicia que un organismo del Estado le mintió para llevarlo a proteger a las empresas de Lázaro Báez y, en última instancia, encubrir a la entonces familia presidencial Kirchner, en uno de los rubros más sensibles: la operatoria hotelera. ¿A qué organismo acusó la agencia? A la propia AFIP.

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Javier Biscayart, juez en lo Penal Económico, fue quien recibió el alerta mediante un informe reservado que uno de los más altos funcionarios de la actual AFIP, Jaime Mecikovsky, le entregó junto con una docena de anexos de 500 páginas elaborados por el área de auditoría interna del organismo, según reconstruyó el diario porteño La Nación.
 
Ese informe y los anexos expusieron cómo técnicos y funcionarios de la AFIP de la gestión de Ricardo Echegaray le mintieron a López Biscayart, entre 2014 y 2015, sobre la situación tributaria de las empresas de Báez. Los engaños llevaron al magistrado a ordenar el cierre de la causa por evasión más sensible que afrontaba el presunto testaferro de los Kirchner.
 
Esas mentiras ahora quedaron expuestas con la auditoría interna de la AFIP. Se determinó, por ejemplo, que mientras que la gestión de Echegaray le informó a la Justicia que ninguna de las empresas de Báez jamás superó el umbral de los $ 400.000 anuales que impone la ley para iniciar una causa penal por evasión, la verdadera cifra evadida es multimillonaria. Y detalló que si se hubieran aplicado los mismos parámetros que se toman con cualquier contribuyente, sólo Austral Construcciones habría evadido más de $ 70 millones entre 2010 y 2011.
 
A eso deberían sumarse otros $ 152,1 millones de intereses resarcitorios acumulados. Es decir, un total de $ 222,1 millones.

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"Las acciones llevadas a cabo (por la gestión Echegaray) fueron cuanto menos incorrectas y parciales, llevando información falaz al Juzgado, en la que se basó el dictado de la resolución de sobreseimiento", le informó Mecikovsky, quien también fue más allá de sus funciones técnicas y planteó que podría estarse incluso ante una presunta asociación ilícita fiscal.
 
Al ser consultado sobre el tema, Echegaray rechazó el informe, deslindó responsabilidades en la línea técnica de la DGI y acusó a la actual gestión de la AFIP de actuar con fines políticos. "Ningún juez me preguntó nada de eso y la determinación del monto de los impuestos es resorte exclusivo de la línea operativa de la DGI, no de la AFIP", planteó, a través de un colaborador.
 
Con el informe y los anexos por más de 500 páginas ya en sus manos, López Biscayart deberá evaluar los pasos a seguir. ¿Podría declarar que los sobreseimientos del presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, y de su contador, César Andrés, que dictó en mayo de 2015 fueron fruto de un engaño y, por tanto, dictar la cosa juzgada fraudulenta? ¿Investigar por conexidad lo ocurrido, como lo habilita el Código Procesal Penal nacional cuando "un delito ha sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro, o para procurar al autor o a otra persona su provecho o la impunidad"?
 
A López Biscayart, sin embargo, el informe de la AFIP no lo tomó por sorpresa. Tras la asunción de Mauricio Macri, y el hallazgo de los primeros indicios de la actuación engañosa de la AFIP, accedió a un pedido del fiscal Claudio Navas Rial, y en junio de 2016 reabrió la causa con dos objetivos: investigar la posible evasión tributaria de las empresas de Báez pero también determinar qué agentes de la AFIP le aportaron información sesgada a la Justicia. (Redacción especial Minuto Neuquén)
 
 

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