Cuadernos de la corrupción: Bonadio ordenó liberar a De Sousa y Cristóbal López

El magistrado aceptó los seguros de caución presentados por los 60 millones de pesos de la fianza de los empresarios K.
martes, 8 de octubre de 2019 · 11:16

Este marte el juez federal Claudio Bonadio ordenó liberar a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, quienes estaban detenidos en la cárcel de Ezeiza en el marco de la investigación por los cuadernos de la corrupción K.

La decisión de Bonadio le hizo aceptar esta mañana los seguros de caución presentados por los 60 millones de pesos de la fianza de los empresarios K, luego de quedar tras las rejas por el supuesto pago de coimas para el otorgamiento de obras públicas durante la gestión anterior. Las pólizas habían sido presentadas por el abogado de López, Fabián Lértora, y por el defensor de De Sousa, Carlos Beraldi.

Los abogados de ambos empresarios intentaron que el trámite se resolviera este lunes, pero no lo lograron porque ya no quedaba personal en el juzgado de Bonadio que pudiera recibir la respuesta que podía llegar de la Superintendencia de Seguros. La caución se contrata mediante el pago de una prima y es una garantía para el cumplimiento de un compromiso a la que se accede como en este caso.

López y De Sousa fueron excarcelados en la causa el viernes último por la Cámara Federal porteña, pero Bonadio impuso una fianza de 60 millones de pesos a cada uno. Cabe recordar también que, a los empresarios se les impuso la prisión preventiva en el marco de expedientes vinculados a los llamados "cuadernos de Centeno".

Una de las acusaciones contra los dueños del Grupo Indalo es por lavado de dinero relacionada con un departamento ubicado en el mismo edificio donde vive la ex presidenta Cristina Kirchner cuando está en Buenos Aires y la otra es por cartelización de la obra pública, en la que son investigados más de 100 empresarios.

El 19 de septiembre los empresarios habían sido excarcelados por el Tribunal Oral Federal 3 de esta capital en la causa Oil Combustibles, donde están siendo juzgados, acusados de desviar a otras actividades de sus compañías el impuesto a los carburantes en lugar de derivarlos al fisco, por un monto original de 8.000 millones de pesos.

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