El gobierno prevé "rescindir el contrato" de concesión por el soterramiento del Sarmiento
Así lo anticipó el ministro de Transporte, Mario Meoni, al tiempo que advirtió que para continuar con las obras es "necesario invertir más de 1.500 millones de dólares".
Mario Meoni advirtió que se está "avanzando en la idea de la rescisión" del contrato de concesión por el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, porque "como está planteado hoy es absolutamente inviable".
"Estamos trabajando y avanzando en la idea de la rescisión de ese contrato. Creemos que como está planteado hoy es absolutamente inviable", aseguró el ministro de Transporte, y explicó que en la actualidad es "necesario invertir más de 1.500 millones de dólares para poder hacerlo como estaba pensado originalmente".
Además agregó: "Entendemos que en el marco de la crisis que tenemos hoy, no podemos llevar adelante una obra de esas características, que además viene con muchas dificultades. Hoy está absolutamente paralizada".
El funcionario aseguró también que por ahora están "trabajando con el gobierno de la Ciudad (de Buenos Aires) en la revisión técnica de cuál es el proyecto viable hacia adelante a partir del punto de vista técnico", a la vez que están trabajando, incluso, "para ver de qué manera se puede hacer esa rescisión de contrato sin que impacte en un juicio millonario en contra del Estado".
Al respecto, el ministro de Transporte recordó que "muchas veces se han tomado en la Argentina decisiones políticas que son impactantes a la hora de un título pero que después las consecuencias económicas son muy graves. Nosotros no vamos a hacer eso, vamos a cuidar el recurso de todo el mundo".
Por tal razón, hay "un área económica que está llevando adelante la revisión de los certificados (para saber) qué hay que pagar de la obra ejecutada, y también de lo que puede ser razonable que reclamen las empresas a la hora de la rescisión del contrato. Si eso no es razonable, obviamente vamos a discutirla", sostuvo el funcionario.
Por último, Meoni anticipó que existen tres etapas de "discusión", y detalló: "Una es ver cómo se resuelve y cómo se continúa la obra; la segunda, de carácter jurídico, si es posible esa rescisión sin impacto negativo para el Estado; y la tercera es de índole económico, para ver si lo que se reclama y se demanda es justo o no".
