El Gobierno se puso firme y no dará doble indemnización a los estatales

Hoy, el Gobierno Nacional dispuso que los casos de despidos injustificados en el Estado no cobrarán doble indemnización. La medida había sido impuesta en diciembre, con un plazo de 180 días.

A través del Decreto 156/2020, publicado hoy en el Boletín Oficial, detalla que aquellos trabajadores que pertenezcan al Sector Público Nacional no estarán amparados por la medida tomada por el Ejecutivo nacional de otorgar una doble indemnización ante un despido injustificado.

Entre los argumentos de esta medida, se detalla que la misma responde a fomentar “la dinámica del empleo asalariado registrado privado”, en donde “la excepcionalidad de la medida se justificó ante la gravedad” de la situación económica.

Sin embargo, esto surge luego de que se haga público el reclamo de varios ex funcionarios o trabajadores de puestos jerárquicos que ingresaron de la mano de la administración de Mauricio Macri y que exigieron el otorgamiento de una doble indemnización en sus casos, de ser apartados de sus funciones.

De hecho, en el escrito oficial, se remarca que “ha tomado estado público la situación que se ha suscitado en el ámbito de distintos organismos y entidades del Sector Público Nacional, en los que altos directivos con responsabilidades jerárquicas pretenden encontrarse abarcados por las previsiones de la norma”.

Asimismo, el Gobierno sostuvo que “una interpretación que condujera a extender los alcances del referido Decreto al ámbito del Sector Público Nacional estaría desprovista de toda razonabilidad y, a la vez, implicaría un palmario apartamiento de la letra y el espíritu de la norma”.

Finalmente, señalaron que “no están abarcados” para cobrar la doble indemnización “los organismos y entidades individualizados en el artículo 8° de la Ley N° 24.156, entre los que se encuentran la Administración Nacional Centralizada y Descentralizada, las distintas formas empresariales y societarias en las que el Estado tiene participación total, mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones, incluidos entes públicos no estatales en los que el Estado tiene el control decisional –tales como el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados-”.