El Poder Ejecutivo frenó el traspaso de terrenos de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires
Mauricio Macri está investigado por esta cesión.
El Gobierno Nacional decidió suspender el traspaso de los terrenos que Mauricio Macri, poco antes de terminar su mandato, le cedió a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, el Ejecutivo instó a que se revise la legalidad de la medida.
En el Decreto 145/2020, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno frenó la facultad otorgada a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), un día después de las elecciones, para “dar en pago” los bienes inmuebles desafectados del uso, declarados innecesarios y/o sin destino, a fin de cancelar deudas y/o afrontar compromisos de asistencia económico financiera y/o extinguir cualquier otra obligación de carácter pecuniario que haya asumido el Estado Nacional, en el marco de convenios, contratos, actas o acuerdos celebrados con las Provincias y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
En sus argumentos, el Gobierno plantea que esta función “vulnera elementales normas en materia de competencias, al otorgar atribuciones a un ente descentralizado, cuyo objeto es transferir y enajenar bienes inmuebles desafectados del uso público, para disponer, en forma unilateral, la cancelación de supuestas deudas del Estado Nacional, mediante la entrega de inmuebles”.
De esta manera, añadieron, se le otorgaron a la AABE, funciones propias de otras áreas sustantivas, encargadas de verificar, liquidar y devengar, en la forma y momento oportuno, las deudas contraídas por el Estado Nacional.
Por otro lado, la cesión de los terrenos le priva al Estado la posibilidad de conseguir ofertas económicas superiores a la tasación oficial, algo desaconsejable desde el punto de vista financiero. Entre otros efectos negativos a los intereses del Estado, el traspaso de los inmuebles impide el devengamiento de los diversos pagos a medida que se producen los vencimientos de las hipotéticas obligaciones que se pretenden cancelar o aplicar mecanismos de puja pública a fin de obtener el mejor precio pretendido.
Además, el Gobierno considera necesario, ante lo expuesto, “someter a revisión los procedimientos administrativos que derivaron en la disposición de inmuebles del Estado Nacional, a efectos de proceder, en caso de detectarse irregularidades, omisiones o vicios que impliquen su nulidad, a deslindar las correspondientes responsabilidades administrativas, civiles y penales”.
En conclusión, se instruyó a la AABE a revisar, en un plazo no mayor a sesenta días, “la legalidad de los procesos” que derivaron en la cesión de los terrenos a CABA, “a fin de que en caso de detectarse vicios que puedan implicar su nulidad así como eventuales hechos o actos ilícitos, se proceda a deslindar las correspondientes responsabilidades administrativas, civiles y/o penales”.
