El Programa de Protección de Testigos vuelve a la órbita de la Justicia

El Gobierno derogó el DNU que lo independizaba del Ejecutivo.
jueves, 20 de febrero de 2020 · 10:16

El Gobierno de Alberto Fernández vuelve a tener control sobre el Programa de Protección de Testigos que retorna al Ministerio de Justicia. El presidente Alberto Fernández derogó un DNU de Mauricio Macri que lo independizaba del Poder Ejecutivo y creaba la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados.

A sólo once días de entregar el mando, Mauricio Macri había firmado un DNU que creaba un ente autárquico y autónomo que independizaba al Programa de Protección de Testigos de la órbita del Ministerio de Justicia. Esta medida fue, prácticamente solicitada, por algunos de los arrepentidos de las causas que más involucran a funcionarios del Kirchnerismo.

Ante la inminente vuelta del Peronismo al poder, algunos de los testigos protegidos como José López, Oscar Centeno y Alejandro Vandenbroele pidieron que el programa tuviera independencia del Ministerio de Justicia y quede asociado al Poder Judicial.

Esta medida se da en un contexto donde la discusión sobre el lawfare está dada y las sospechas sobre la parcialidad de la justicia para amedrentar y perseguir opositores están latentes. De hecho, hace sólo dos días, el mismo jefe de Estado publicó un video en sus redes sociales donde asegura que luchará contra la manipulación de la Justicia por parte de los sectores de poder.

Incluso ayer, el propio Vandenbroele apareció en los grandes medios para intentar aclarar la información difundida acerca de la existencia de un “hotel boutique” de su propiedad y que fue pagado por el Programa de Protección de Testigos. Según sus argumentos, el programa prevé que, al tener que cambiar su identidad y cortar con muchos de sus vínculos sociales y laborales, los “arrepentidos” cobran un dinero para rehacer su vida.

A través del Decreto 168/2020, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno dejó sin efecto la medida de Macri y el programa vuelve a estar a cargo de, esta vez, la ministra Marcela Losardo.

En el escrito, el Gobierno argumenta que “no se observan elementos objetivos que fundamenten las razones de necesidad y urgencia que conllevan el dictado de dicha herramienta constitucional, máxime cuando el funcionamiento del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados se mantuvo sin variación durante más de dieciséis (16) años, hasta días antes de la finalización del mandato del gobierno anterior”.