Vicentin: la Justicia inhabilitó a los interventores designados por Alberto Fernández
El plan de Omar Perotti quedó en suspenso.
Nuevamente, la justicia de Reconquista dio un revés a las intenciones del Gobierno de Alberto Fernández. El juez Fabián Lorenzini determinó que los interventores no tendrán incidencia en las decisiones de la empresa Vicentin mientras se estén cumpliendo los 60 días de extensión otorgados al directorio.
De esta manera, los delegados impuestos por el oficialismo, entre quienes se encuentra Gabriel Delgado, hombre que había publicado recientemente una parte de los objetivos a cumplir sobre la compañía agroexportadora junto al primer mandatario argentino, se encuentra inhabilitados.
La abogada Graciana Peñafort, había expresado la semana anterior su indignación ante el fallo de Lorenzini, calificando de inconstitucional el dictamen que devolvió la potestad sobre la cerealera santafesina a los directores que ocupaban sus cargos antes de la intervención.
Recientemente, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, había expuesto que tenía un plan para combinar de manera mixta al Estado y a los inversores privados para administrar Vicentin y solucionar de forma conjunta los problemas financieros. Este proyecto, será momentáneamente frustrado.
El juez de Reconquista concedió a los actuales dueños la posibilidad de volver a sus funciones. La principal preocupación de los directivos es retomar la resolución de un conflicto financiero que involucra a miles de acreedores, y a productores rurales que perdieron dinero en la declaración de quiebra.
Además, se definió que el concurso al que está sometida la empresa cerealera sea analizado de manera separada respecto de la intervención del Gobierno Nacional. Esta última decisión tiene que ver con la necesidad de acelerar los trámites procesales, debido a la trascendencia que ha tomado el asunto.
Además, durante la jornada se definió que la Unidad de Información Financiera fuera utilizada como querellante para esclarecer la causa contra la compañía santafesina, en la cual los principales directivos aparecen como culpables de maniobras ilegales como el lavado de activos.
Esta decisión fue tomada por el magistrado Julián Ercolini, quien además afirmó para NA que “no cabe duda de que nos hallamos ante un proceso en el que se investiga un posible delito que podría involucrar actos de Lavado de Activos de origen ilícito”. Acto seguido, pidió un embargo contra figuras de calibre, tales como Mauricio Macri y Javier González Fraga.
