Qué dice la ley de fibrosis quística que cuestionó Ginés González García

El proyecto de ley para que las obras sociales y prepagas cubran integralmente los tratamientos para la fibrosis quística será tratado en la Cámara Alta el próximo jueves 23 de julio, luego de la oposición del ministro de Salud, Ginés González García.

A pesar de su opinión, el oficialismo aprobó en comisión el proyecto de la cobertura de la enfermedad, luego de que el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, se comunicara con la senadora mendocina del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, y ordenara que los legisladores del partido den el voto positivo.

El funcionario argumentó que la ley será de muy difícil aplicación por los altos costos de los tratamientos y que está pensado que ingresen al Programa Médico Obligatorio (PMO). “La gente tiene ansiedad y lo entiendo, pero les aseguro que esta ley no resuelve el problema, solo va a ser una maraña judicial, además injusta porque solo va a ser para la estructura nacional, no para las provincias”, comentó González García.

Para empezar, el proyecto incorpora “la detección e investigación de sus agentes causales, el diagnóstico, tratamiento, prevención, asistencia y rehabilitación” de los pacientes con fibrosis quística y que, por tratarse de una discapacidad visceral que no tiene cura, la protección será “integral”, teniendo en cuenta tanto la salud, como la integración social.

Además, la ley impondría a las autoridades de aplicación el establecimiento de normas de provisión de medicamentos e insumos, a actualizarse cada dos años. A su vez, las obras sociales y prepagas “tendrán a su cargo con carácter obligatorio la cobertura total del 100% de las prestaciones que sean indicadas por los médicos profesionales”.

Por otro lado, se prohíbe la sustitución o modificación de estos planes por parte de las obras sociales o empresas de medicina prepaga y la cobertura será del total de “todos los estudios de diagnóstico, tratamiento y control” vinculados a la fibrosis quística.

Asimismo, los nuevos casos de la enfermedad recibirán un Certificado Único de Discapacidad de por vida, la enfermedad “no será causal de impedimento para el ingreso laboral” y la pesquisa neonatal “será obligatoria en todas las instituciones de salud”.

Finalmente, “los pacientes cuyo deterioro pulmonar lo justifique podrán ser sometidos a trasplante pulmonar o cardiopulmonar cuando el médico lo considere más oportuno”. Todas las instituciones sanitarias tendrán que tener un registro estadístico de personas que padezcan el padecimiento y un banco de fármacos único en todo el país.