Daniel Rafecas descubrió un centro clandestino que funcionó durante la dictadura cívico-militar

Durante la última dictadura cívico-militar, se produjeron varios delitos de lesa humanidad. A medida que pasa el tiempo, los descubrimientos respecto de nuevas atrocidades vinculadas con este periodo continúan aflorando. En este sentido, el juez Daniel Rafecas, reportó durante la jornada de ayer que un inmueble ubicado en el barrio de Floresta (al sur de la Ciudad de Buenos Aires), habría funcionado como centro clandestino.

Esto implica, que para el buen accionar de la Justicia, el lugar de los hechos no puede ser manipulado a partir de que se produjo el descubrimiento. Es por ello que el magistrado federal impuso la prohibición de realizar remodelaciones en el lugar, para conservarlo de manera fiel, y llevar adelante una producción audiovisual (básicamente para juntar evidencia), y poder avanzar con las investigaciones pertinentes para confirmar su sospecha.

En una entrevista radial concedida para AM 750, Rafecas expresó que se realizó "un descubrimiento importante para avanzar en las investigaciones", ya que estaban avanzando "con muchos testimonios que nos indicaban que existió un centro clandestino de detención que dependía de la SIDE y que estaba muy cerca de Automotores Orletti". Este lugar, también funcionó como centro de detención ilegal durante seis meses del año 1976.

"Hasta el momento no podíamos descubrir dónde se encontraba", explicó el juez, absolutamente seguro de poder confirmar su descubrimiento. En estos momentos, el inmueble estaba siendo ocupado por una familia que no habría tenido conocimiento del hecho, según le informaron a la Agencia Télam. Se sospecha que los crímenes fueron perpetrados en el sótano de la casa que la Justicia se encuentra investigando.

Se especula con que este centro habría llevado a cabo estas maniobras mientras también se operaba en Automotores Orletti, aunque no se ha podido confirmar. Lo cierto es que los datos para localizar este terreno fueron extraídos de las declaraciones de los víctimas que lograron sobrevivir a esta maquinaria atroz. Es gracias a los testimonios de estas personas que la investigación asumida por Rafecas pudo continuar su curso.

Además, para disipar dudas, el gobierno de los Estados Unidos había entregado a la Justicia argentina una serie de documentos que estaban encriptados en sus archivos, entre los cuales se encontraba una mención al inmueble que ha sido intervenido ayer por el magistrado. Luego de haber funcionado como centro secreto de operaciones de la SIDE, la casa fue vendida en el año 1977, pasando por varios dueños hasta la última familia antes mencionada.

El juez en cuestión es conocido entre otras cosas por haber sido denunciado ante el Consejo de la Magistratura en el año 2015. Esta acción legal fue tomada por Elisa Carrió, junto al legislador Waldo Wolff. Según su visión, había manifestado una conducta dudosa en el por entonces incipiente caso de Alberto Nisman, cuando comenzaron las sospechas de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner había tenido que ver en el asunto.

La actual vicepresidenta había sido acusada de un supuesto encubrimiento a quienes fueron señalados como posibles responsables del atentado a la AMIA, a partir de supuestas modificaciones en el Memorándum con Irán. A pesar de esta reacción, cuando Mauricio Macri estuvo en el poder, intentó evitarle un juicio político, aunque el Consejo terminó por aplicarle una multa que le quitó la mitad de su sueldo, durante un mes.