Imputaron a Arribas y Majdalani por la venta irregular de armas en la AFI
La denuncia es de la actual titular de la Agencia, Cristina Caamaño.
El fiscal federal Ramiro González imputó este miércoles a los ex jefes de la AFI durante el macrismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por presunta venta irregular y a precio irrisorio de armamento a funcionarios y agentes, informaron fuentes judiciales a Télam.
Además de Arribas y Majdalani, González imputó también al ex titular de la Dirección de Seguridad de la AFI, cuyo nombre se reserva debido a la ley de inteligencia. A su vez, le solicitó al juez federal Daniel Rafecas que disponga medidas de prueba para poder iniciar la investigación.
El fiscal solicitó como primera medida que se realice una tasación del armamento y que se consulte a la Agencia Nacional de Materiales Controlados si los organismos estatales cuentan con la facultad de comercializar armas entre sus propios funcionarios y agentes.
La causa investiga una denuncia que sostiene que desde la AFI se "autorizó y procedió a la venta de armamento de fuego que integraba el patrimonio de la Agencia, a funcionarios y agentes en actividad, a un precio irrisorio y con ínfimos requisitos para acceder a dicho negocio jurídico".
En la denuncia, formulada por la actual titular de la AFI, Cristina Caamaño, se aludió a dos resoluciones dictadas por Arribas, en agosto de 2017 y diciembre de 2018, que eran supuestamente "carentes absolutamente de sustento jurídico y fáctico".
Caamaño remarca que los 73 agentes que compraron las armas a los servicios de Inteligencia pagaron precios que no alcanzarían "el 20% del valor real de un arma usada en el mercado formal", y que algunas que se vendieron "no se consiguen en el mercado".
La actual conducción de la AFI denunció que "permitir la compra de armamento de fuego a todos los agentes del organismo, sin el debido control de la autoridad estatal correspondiente en la materia, constituye una manifiesta violación a los deberes de funcionario público y un abuso de autoridad".
El texto presentado por Caamaño sostiene que cada funcionario o agente podía llegar a comprar hasta cinco armas a "un precio totalmente irrisorio y alejado de la realidad" y "prácticamente sin requisitos respecto a las condiciones exigidas para su acceso".
