La interventora de la AFI pidió juzgar a Mauricio Macri por “administración fraudulenta"

Para Caamaño se llevaron adelante "negociaciones incompatibles con la función pública".
miércoles, 12 de agosto de 2020 · 13:42

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, exigió la “citación” y “declaración indagatoria” del expresidente Mauricio Macri y los extitulares del ente, Silvia Majdalani y Gustavo Arribas por “irregularidades en compras y contrataciones con empresas constructoras”.

“Dada la existencia de contrataciones fuera de los principios de transparencia, legalidad, razonabilidad, concurrencia” se exigirá medir el nivel de “responsabilidad del expresidente y los funcionarios intervinientes" en las mismas, informó la Agencia de Inteligencia por medio de un comunicado.

Para Caamaño, el líder de CAMBIEMOS y los exfuncionarios de la AFI, entre ellos José Gallea y Javier Peire, además de los ya nombrados, incurrieron en “administración fraudulenta, defraudación abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública”.

La investigación quedó a cargo el juzgado federal Nº 6, que lidera el juez Julián Ercolini, e investigará “la presunta contratación irregular de dos empresas para la remodelación del quinto piso de la sede principal de la Agencia Federal.

“Gran parte de los materiales, abonados con fondos públicos, no coinciden con los que actualmente se hallan en la edificación”, señala el comunicado de la AFI.

Entre las investigaciones que involucran al exjefe de la Nación, también se halla “la contratación de una firma para la instalación de un mástil por 106.855,10 dólares, y por obras de pintura en otra sede de la AFI por 277.586 pesos".

“Entre las empresas que formaron parte de las obras se hallan Emprendimientos Anchorena, Tecnel Electrónica, Mega Soluciones y NH Construcciones”, señala el documento de la Agencia.

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia también lleva adelante una investigación que envuelve al exmandatario nacional en un presunto caso de “espionaje ilegal” a funcionarios políticos durante su gestión, luego de haber regalado 120 teléfonos celulares que estarían “intervenidos”.