Stornelli pidió prisión para los expresidentes del Banco de la Nación
Para el fiscal, los acusados cometieron el delito de "fraude contra la administración pública".
El fiscal Carlos Stornelli exigió al juez federal Daniel Rafecas procesar a los expresidentes del Banco de la Nación, Juan Ignacio Forlón y Juan Carlos Fábrega por presuntas irregularidades en la concesión de créditos a Lázaro Báez.
Para el fiscal, los extitulares de la institución crediticia nacional incurrieron en delitos de “negociaciones incompatibles y fraude contra la administración pública” al haber “otorgado créditos a una tasa de interés más baja que la del mercado”.
El jurista los acusa de haber incurrido en una serie de “operaciones financieras que beneficiaron por casi seis años a las firmas Austral Construcciones S.A. y Kank y Costilla S.A.”, a las que se les otorgaron “contratos de obra pública por más de 3 mil millones de dólares durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández”.
Esta es la tercera vez que Stornelli exige a la justicia procesar a los exlíderes del ente bancario. El año pasado se inició un peritaje a la causa por parte de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, que concluyó con la resolución de que “los pagos quedaron pendientes de cancelación”.
Según el fiscal de la Nación, "el Banco de la Nación realizó un préstamo de $849.370.241 a la compañía Austral Construcciones S.A., siendo reintegrado en concepto de capital $698.240.241, sin ejecutarse ninguna garantía para el cobro de tal monto ni los intereses ni gastos, y restando reintegrar aún $151.130.000, más intereses”.
La institución hizo saber que los implicados en la causa “excedieron los límites autorizados” con constantes “aprobaciones de excepción”.
Hace semanas, el empresario Lázaro Báez, principal acusado por el supuesto caso de lavado de dinero, solicitó al Tribunal Oral Federal 4, “más tiempo” para programar su alegato. El organismo judicial lo benefició con “dos semanas”.
El fiscal Abel Córdoba, quien maneja el juicio denominado “la ruta del dinero”, pidió a la Justicia condenarlo a 12 años de prisión y pagar a la Nación “una multa ocho veces mayor al monto de las presuntas operaciones”, lo que equivaldría a más de 2.000 millones de pesos.
