Tarifas congeladas: comienza el debate en el parlamento

Miembros del oficialismo destacaron la importancia de esta medida.
lunes, 24 de agosto de 2020 · 13:48

La comisión bicameral parlamentaria, encargada de controlar los decretos de necesidad y urgencia, analizará el dictado del Gobierno nacional que declara “esenciales” los servicios de telecomunicaciones.

La finalidad de la reunión será dictaminar la resolución anunciada el pasado viernes por el presidente Alberto Fernández, que impide “cualquier aumento de precios o modificación de los mismos, en estos servicios, hasta el 31 de diciembre”.

Por su parte, legisladores de Juntos por el Cambio impugnaron la convocatoria a este plenario bicameral, y desistieron de participar en el debate, pues, a su juicio, este no fue convocado con el plazo de 48 horas hábiles exigido por la Ley.

El titular de la comisión, diputado Marcos Cleri, insistió en que la discusión debe darse, ya que la medida del Ejecutivo era “necesaria, pues los servicios de telefonía celular y fija, Internet y televisión por suscripción son fundamentales en el contexto de la pandemia".

El DNU 690/20 emitido por el Ejecutivo plantea que "los servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones son públicos, esenciales y estratégicos”, por lo que se debe garantizar “su efectiva disponibilidad”.

La media resaltó que la gestión anterior “derogó gran parte del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de telecomunicaciones, abandonándose la idea de que el acceso a la información y comunicación es un derecho humano”.

Finalmente, justificó su resolución en la necesidad de “recuperar” dichos “instrumentos” y “asegurar” el acceso a las telecomunicaciones, a través de “planes accesibles e inclusivos que garanticen una prestación básica universal obligatoria".

Las compañías afectadas, reunidas en la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), no descartan interponer una denuncia en el Tribunal Arbitral del Banco Mundial, pues consideran que la medida supone una intervención ilegal del Ejecutivo.

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