El Gobierno apuntó contra PedidosYa, Rappi y Glovo por el cobro de sus comisiones
Las aplicaciones fueron consideradas eslabón esencial en la pandemia.
La secretaría de Comercio Interior ordenó a las plataformas de envíos a domicilio PedidosYa, Rappi y Glovo que elaboren un informe detallado para conocer cómo realizan el cobro de sus comisiones para garantizar la transparencia del servicio.
Según el comunicado oficial piden a las tres principales empresas de reparto que presenten “el detalle del monto de las comisiones cobradas desde enero 2019 a julio 2020 al sector gastronómico y otros aspectos vinculados a la prestación del servicio en tiempos de pandemia”.
El pedido se debe a la escasa información oficial que brindan las compañías de delivery sobre los costos del uso de las plataformas al ser consideradas “un eslabón esencial en la comercialización”.
Además en lo que va de la cuarentena las aplicaciones de reparto aumentaron su demanda ya que no sólo los usuarios comenzaron a usarlas más sino que además los comercios que no contaban con delivery se sumaron a las plataformas para seguir trabajando.
"Dada la delicada situación por la que atraviesa el comercio, la Secretaría consideró que es necesario contar con la información fehaciente con el fin de configurar el impacto económico del servicio y evitar cualquier tipo de conducta abusiva en general ", explican en el comunicado de la secretaría dirigida por Paula Español.
Según la consultora Focus Market, durante la pandemia las empresas de reparto tuvieron un crecimiento en la cantidad de pedidos: PedidosYa registró un 40% de aumento, Rappi lo hizo en un 15%, un Glovo tuvo un aumento del 10% y un 7% para Uber Eats.
Esta no es la primera vez que el Gobierno apunta contra PedidosYa, Rappi y Glovo. En junio de este año la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores imputó a las empresas por “cláusulas abusivas” e “información engañosa”.
Acusaban a las aplicaciones de delivery de deslindarse de “responsabilidades frente a las y los consumidores” y de obligar a los clientes a que “desistan de derechos que son irrenunciables y se encuentran garantizados constitucionalmente" para acceder al servicio.
