Los jueces removidos piden celeridad a la Corte Suprema: "Hay intereses políticos en desplazarnos"

Advirtieron que podría repetirse el caso del procurador Eduardo Sosa.
domingo, 20 de septiembre de 2020 · 10:20

El magistrado Leopoldo Bruglia, uno de los tres jueces removidos de la Cámara Federal porteña por decisión del Senado esta semana, pidió a la Corte Suprema apurar la emisión de su veredicto, ya que, de lo contrario, podría repetirse "el caso del procurador Eduardo Sosa".

“Hay intereses políticos que quieren desplazarnos, porque por nuestra Cámara pasaron numerosos casos de corrupción los últimos tres años”, aseveró el jurista, y pidió a la Corte “pronunciarse en el tiempo correspondiente”.

“La Corte debe pronunciarse en tiempos correspondientes, porque hasta que no jure un nuevo juez en los cargos que nosotros estaríamos dejando, podríamos ser restituidos”, explicó el letrado.

Bruglia sostuvo que, si esto no sucede, y jura un nuevo juez en el cargo, y luego la Corte falla a favor de ellos, podría repetirse “un caso Sosa”, quien fue removido de su puesto y, luego de 6 años se pidió restituirlo, pero el cargo ya no existía.

Para el abogado que llevó adelante la causa contra Cristina Fernández de Kirchner por el caso “Los Cuadernos de la Corrupción” esta maniobra del oficialismo resulta “inédita y extraordinaria”, ya que “no tiene antecedentes en el Consejo de la Magistratura”.

 “Y la Corte había opinado sobre el tema, no se podía hacer más nada. Pero a un consejero del Ejecutivo se le ocurrió pedir la revocación de actos administrativos firmes. Esta acción ilegal se terminó de consumar con el decreto presidencial”, relató.

Los tres jueces, nombrados durante la administración de Mauricio Macri, son señalados por el oficialismo como “ilegítimos”, ya que, según sostienen, “fueron designados de forma irregular” y sin cumplir los pasos establecidos por la ley.

Tras la decisión del Senado de removerlos, el presidente Alberto Fernández emitió un decreto en donde les removía de su cargo. El “golpe final” vino desde la Cámara Federal de Casación Penal, que avaló el decreto presidencial y liberó los cargos que ocupaban las tres autoridades.