Amnistía Internacional sobre la ley del aborto: “Debe ser aplicada plenamente en toda la Argentina”

Amnistía Internacional junto con organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en contra de la medida cautelar que suspendió la ley de interrupción voluntaria del embarazo en la provincia de Chaco por considerarla “inconstitucional”.

Amnistía exigió a través de un comunicado publicado en su página web que “la ley 27.610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto debe ser aplicada plenamente en toda la Argentina” y que no deben generarse "zonas de discriminación para los derechos a la salud y a la autonomía de las mujeres y de otras personas con capacidad de gestar”.

Los hechos

Un grupo de personas impulsó la herramienta judicial solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la norma porque “el Art.15 Inc.1 de la Constitución Provincial garantiza el derecho a la vida y a la libertad, desde la concepción”. Argumentaron entonces que “como se trata de una competencia concurrente de la provincia con la Nación, debe primar la interpretación de la ley más favorable a la persona humana”. La jueza de feria, Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial No. 19 de la ciudad de Resistencia, resolvió a favor de estos individuos suspendiendo así la aplicación de la ley en el territorio de Chaco.

Pero desde el movimiento global señalan que “la jueza omitió pronunciarse sobre la inadmisibilidad de ese tipo de solicitudes en nuestro sistema legal y desconoció que ningún juez ni jueza puede suspender la vigencia de una ley con efectos generales”. Asimismo, le recordaron que la Corte Suprema de Justicia ya se pronunció respecto a la constitucionalidad del aborto en un fallo del 2012.

Por otra parte, Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Mujeres x Mujeres y Fundeps señalan que a la hora de dictaminar una medida cautelar debe existir la vulneración de un derecho, lo que en este caso no sucede.

“La medida pone en riesgo a nivel local el derecho a la salud de mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar”, indican en el texto, concluyendo que las medidas de este tipo “no hacen más que minar el uso de las herramientas legales, tan importantes para la garantía de derechos”.

Las cifras

Según el ultimo informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios de Estado y Sociedad de Buenos Aires (CEDES) y la Red de Acceso Al Aborto Seguro (REDAAS), se estima que en Argentina se realizan entre 370.000 y 500.000 abortos por año.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre 2015 y 2019 hubo en el mundo un promedio anual de 73,3 millones de interrupciones del embarazo voluntarias, tanto en condiciones de seguridad como sin ellas, y que 3 de cada 4 de los practicados en África y América Latina fueron realizados en condiciones inseguras.

En los países donde se legalizó la interrupción voluntaria del embarazo las cifras se han mantenido constantes e, incluso, han bajado. Por ejemplo, en Uruguay los datos se mantienen sin variaciones y en la Ciudad de México el números de IVE empezó a descender tras 8 años de haber implementado la legalización.